La Legislatura bonaerense vuelve a poner el foco sobre el aprovechamiento de las banquinas de rutas y caminos provinciales. En las últimas semanas, distintos sectores del peronismo avanzaron con iniciativas que buscan otorgar mayores herramientas a los municipios para administrar estos espacios, actualmente excluidos de los permisos de uso que contempla la legislación vigente.
La diputada provincial de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto para modificar la Ley 10.342 y permitir que las comunas puedan otorgar permisos de uso sobre las banquinas, siempre con autorización previa de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa apunta a transformar miles de hectáreas lineales de terrenos hoy considerados ociosos en espacios productivos capaces de generar ingresos para los municipios. Según argumentó la legisladora, la normativa actual impide aprovechar áreas que podrían destinarse a la siembra de forrajes, forestación, proyectos agrícolas de pequeña escala o incluso infraestructura de servicios, bajo un esquema regulado y controlado.
“La exclusión de las banquinas genera una doble problemática: por un lado el desaprovechamiento de recursos productivos y por otro la pérdida de una fuente legítima de recaudación para los municipios”, sostuvo Rasquetti en los fundamentos de la propuesta.
El proyecto contempla además la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales, que tendrá como función fiscalizar y coordinar el uso de estos espacios junto a los organismos provinciales competentes en materia vial.
La discusión adquiere especial relevancia en el interior bonaerense y particularmente en la Séptima Sección Electoral, donde gran parte de las economías locales dependen de la actividad agropecuaria y donde los municipios enfrentan crecientes desafíos para sostener obras y servicios con recursos propios.
Distritos como General Alvear, Bolívar, Saladillo, Roque Pérez, Tapalqué, Azul, Olavarría y 25 de Mayo cuentan con extensas redes viales rurales y provinciales, por lo que una eventual modificación de la ley podría abrir una nueva fuente de ingresos para las administraciones locales, además de promover el aprovechamiento productivo de terrenos actualmente sin uso.
La iniciativa de Rasquetti no es la única que busca avanzar sobre este tema. Meses atrás, el diputado provincial de Fuerza Patria, Alejandro Acerbo, presentó otro proyecto orientado a reformar el régimen vigente de siembra de banquinas. Entre otros cambios, propuso ampliar la duración de los permisos, agilizar los mecanismos de autorización y otorgar mayor autonomía a los municipios para administrar los recursos obtenidos.
Desde el peronismo sostienen que ambas propuestas apuntan a compatibilizar la seguridad vial con el desarrollo productivo y el fortalecimiento de las finanzas comunales. No obstante, el debate promete generar discusión respecto de los controles necesarios para garantizar que la utilización de las banquinas no afecte las condiciones de circulación ni las zonas de seguridad previstas en las rutas provinciales.
EL PRO TAMBIÉN QUIERE DAR EL DEBATE SOBRE LAS RUTAS NACIONALES
La discusión sobre el aprovechamiento de las banquinas no se limita al ámbito bonaerense. Días atrás, el diputado nacional Javier Sánchez Wrba, que vive en 25 de Mayo, presentó en el Congreso un proyecto para volver a habilitar el uso productivo de las banquinas ociosas en las rutas nacionales.
La iniciativa propone establecer un régimen de permisos onerosos con prioridad para los frentistas y bajo estrictas condiciones de seguridad vial, con el objetivo de recuperar miles de hectáreas que actualmente permanecen sin utilización productiva. Según el legislador, la propuesta busca revertir una resolución de Vialidad Nacional de 2008 que dejó sin efecto los convenios existentes para el aprovechamiento de estas tierras.
Sánchez Wrba sostiene que gran parte de las banquinas de las rutas nacionales presentan actualmente problemas de mantenimiento y acumulación de malezas, afectando incluso la visibilidad de los conductores. En ese sentido, plantea que un esquema regulado de explotación agrícola podría contribuir tanto a incrementar la producción como a mejorar las condiciones de seguridad vial.
La coincidencia entre las iniciativas que avanzan en la Legislatura bonaerense y en el Congreso Nacional refleja una preocupación compartida en distritos del interior productivo.
