La controversia por la política salarial en General Alvear sumó un nuevo capítulo y tras los dichos del jefe comunal, Ramón Capra; el presidente del Concejo Deliberante, Alberto Alaníz, defendió la postura adoptada por la mayoría del cuerpo y aseguró que el debate trasciende la cuestión económica para convertirse en una discusión institucional.
“La discusión tiene un fuerte componente institucional. Desde hace meses distintos bloques venimos reclamando una recomposición para las categorías más bajas del escalafón municipal, cuyos salarios quedaron congelados durante gran parte del último año”, sostuvo el titular del deliberativo en declaraciones a Radio Olavarría.
Alaníz explicó que la decisión de congelar temporalmente los aumentos para funcionarios políticos respondió a la necesidad de priorizar los ingresos de los trabajadores municipales con menores salarios.
“El Concejo Deliberante consideró necesario congelar temporalmente los aumentos para funcionarios políticos, incluidos los propios concejales, con el objetivo de priorizar a los trabajadores de menores ingresos. Estamos hablando de empleados con básicos cercanos a los 700.000 pesos y de funcionarios cuyos ingresos son varias veces superiores”, argumentó.
Respecto de la presentación realizada por el intendente Ramón Capra ante la Suprema Corte bonaerense, confirmó que el máximo tribunal ya dio curso al planteo y notificó formalmente al cuerpo deliberativo para que responda.
“La Suprema Corte bonaerense ya dio curso a la presentación realizada por el intendente y notificó formalmente al cuerpo deliberativo para que presente su respuesta”, señaló.
Además, indicó que el Concejo cuenta con cinco días hábiles para contestar la demanda y adelantó que sostendrán la posición adoptada por mayoría. “Tenemos la convicción de que actuamos dentro de las atribuciones que nos corresponden”, afirmó.
Mientras avanza el proceso judicial, Alaníz cuestionó la decisión del Ejecutivo de aplicar mediante decreto el incremento salarial para la planta política. Según expresó, la medida generó diferencias importantes entre las distintas categorías de funcionarios en un escenario donde algunos adicionales y bonificaciones de trabajadores municipales permanecen prácticamente sin actualización.
El presidente del Concejo también consideró que el fallo de la Suprema Corte podría tener consecuencias más allá de General Alvear. “El fallo tendrá relevancia para otros municipios de la provincia, ya que podría establecer criterios sobre el alcance de las facultades de los concejos deliberantes en materia presupuestaria y salarial. Lo importante es que no se pierda de vista la discusión de fondo, que tiene que ver con los salarios más bajos del municipio”, remarcó.
Por otra parte, cuestionó la falta de diálogo entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante para encontrar una salida consensuada al conflicto, al entender que la controversia podría haberse resuelto políticamente antes de llegar a la máxima instancia judicial de la provincia.
Finalmente, Alaníz sostuvo que ahora será la Suprema Corte bonaerense la que determine si el Concejo actuó dentro de sus facultades o si, como sostiene el intendente Capra, avanzó sobre competencias ajenas. “La decisión será observada de cerca por dirigentes municipales de toda la provincia debido al impacto institucional que podría generar”, concluyó.
