Una familia integrada por 11 personas, entre ellas cinco menores de edad, fue trasladada el jueves 13 de agosto desde Azul hasta Tandil en una combi municipal, y, según indicaron desde la comuna de la séptima sección, por pedido de los miembros familiares fueron dejados en la terminal ferroviaria de esa ciudad.
Sin embargo, desde el Gobierno de Tandil señalan que no hubo ninguna comunicación previa entre ambos municipios. El episodio desató un fuerte conflicto político entre las dos administraciones, con versiones completamente encontradas sobre lo ocurrido.
El grupo familiar, que residía en condiciones de extrema vulnerabilidad en el asentamiento «Los Piletones», en Villa Piazza Norte (Azul), y recibía asistencia social del municipio.
La familia tenía una causa activa en Azul y debía encontrarse bajo seguimiento policial mediante una custodia dinámica, luego de que una mujer del grupo denunciara haber sufrido violencia vecinal días antes.
Desde la Secretaría de Protección Ciudadana de Tandil, que conduce Alejandra Marcieri, remarcaron que no existió comunicación previa del Municipio de Azul para coordinar la llegada de la familia ni para solicitar asistencia para los menores o las personas en situación de vulnerabilidad. La funcionaria cuestionó el proceder de Azul y confirmó que el municipio debió activar de urgencia un protocolo de asistencia social para darles alojamiento temporario. Las cámaras de seguridad del centro de monitoreo permitieron identificar con precisión el vehículo oficial de Azul utilizado para el traslado.
Desde el Municipio de Azul niegan que se haya tratado de un abandono. Fuentes municipales indicaron a este portal que fue la propia familia la que pidió ser trasladada a Tandil, porque aseguraba tener allí una posibilidad laboral y alojamiento, y que pidió viajar con urgencia porque ya tenía “todo armado” en el distrito que comanda Miguel Lunghi.
Según esta versión, hubo acompañamiento profesional durante el procedimiento y los integrantes de la familia firmaron un consentimiento, habiendo sido informados sobre dónde iban a vivir y en qué iban a trabajar.
El secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane rechazó de manera categórica que haya existido un abandono. En declaraciones a Noticias de Azul, el dirigente explicó, fue la propia familia la que manifestó su decisión de dejar Azul y radicarse en Tandil para alejarse de conflictos intrafamiliares y comenzar una nueva etapa.
El funcionario aseguró que el Municipio les había informado que contaban con una alternativa habitacional disponible en Azul, pero que los integrantes del grupo insistieron en trasladarse. Frente a ese pedido, se dispuso un vehículo municipal para realizar el viaje.
También negó que la familia haya sido trasladada sin acompañamiento. Según su relato, una trabajadora social y un empleado municipal viajaron con el grupo y la intervención técnica terminó cuando sus integrantes decidieron descender en la estación ferroviaria.
«Lo que hicimos fue colaborar con el traslado», afirmó Seoane, quien además sostuvo que su área trabaja de manera permanente en la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad.
El conflicto también sumó un capítulo judicial: el concejal de la UCR de Azul, Agustín Puyou, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N°24, a cargo del fiscal Ignacio Calonje, contra el secretario Omar Seoane, otros funcionarios municipales y el propio intendente Nelson Sombra, por presunto abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
