El 31 de julio venció una nueva cuota del desembolso que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires debe hacerle a los municipios en el marco del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal.
Por esto, los intendentes bonaerenses esperaban que al final de la semana pasada o principios de esta, ese dinero esté depositado. Sin embargo, nada de eso sucedió.
A pesar que los mandatarios municipales contaban con ese dinero para encarar el mes de agosto, los aportes aprobados en diciembre pasado por la legislatura bonaerense con el acompañamiento del PRO y la UCR, no llegaron.
Según le comentó a Séptima Sección un funcionario económico de un distrito de la región, “los fondos aún no están depositados y podría darse que los intendentes tengan que ir a firmar otra vez como fue al principio de año cuando nos hicieron el primer giro de dinero”.
A pesar que suena llamativo, debido a que el compromiso ya está firmado e incluso está reglamentado por Ley el fondo; no se descarta que eso suceda.
Desde el PRO ya levantaron la voz y emitieron un comunicado. “Nuestros municipios cuentan con esos recursos para financiar programas ya establecidos y en marcha”, reclamaron los alcaldes amarillos, al tiempo que denunciaron que el atraso “representa una violación de la reglamentación en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”.
Pese a las maniobras de Provincia para pelear los fondos que le recortó Javier Milei, los intendentes apuntaron contra Kicillof al reclamarle que “no es su plata, gobernador, es plata de los bonaerenses que viven en nuestros municipios”.
Para los firmantes, la explicación no puede ser que “depende de la disponibilidad de caja”, sino que los fondos debieron estar “presupuestados y previstos” dentro del planeamiento fiscal del año. “Es mandatorio que el 30% del Fondo se deposite antes del 31 de julio de 2024”, afirmaron.
“Con respeto y firmeza”, los jefes comunales cerraron el comunicado con la advertencia de que, si no se llega a una solución rápida, procederán con denuncias en el Honorable Tribunal de Cuentas y en la Justicia “por incumplimiento de una normativa provincial”.
