El Concejo Deliberante aprobó una resolución que pide a la Agencia Distrital de PAMI un informe sobre los cobros indebidos que algunos prestadores de salud les estarían exigiendo a los afiliados. La iniciativa surgió de una presentación del vecino Ángel Darío García, ingresada al cuerpo el 5 de octubre. Fue acompañada por los bloques de Fuerza Patria y de la Unión Cívica Radical, y rechazada por el bloque libertario.
En su nota al Concejo, García relató que su padre, afiliado a PAMI, debió afrontar un pedido de dinero “por debajo de la mesa” de parte de su nueva médica de cabecera, sin que se emitiera factura ni comprobante. Según planteó, la práctica no sería un caso aislado: habló de “aranceles diferenciales” o adicionales en efectivo que se exigirían a afiliados de la ciudad para acceder a la atención.
El vecino contó además que se presentó en la agencia local de PAMI para hacer la denuncia. Según su relato, un empleado le respondió que en la oficina conocían la situación pero que ningún afiliado denuncia. Cuando García dijo que quería formalizar el reclamo en ese momento, le pidieron una factura o comprobante del cobro, algo que, advirtió, ningún prestador entrega cuando el pago es irregular.
García reconoció en su escrito la complicada situación económica y el atraso en los honorarios médicos, pero sostuvo que “el eslabón más débil” no puede ser el jubilado. Cuestionó que la agencia, a cargo de Fernando Nicora, sepa de estas irregularidades y no actúe.
Pidió tres medidas al Concejo:
- Un pedido de informes a la Agencia PAMI Saladillo (o a la UGL correspondiente) sobre los mecanismos de auditoría, control y sanciones ante los cobros de “plus” médicos.
- La invitación formal a Nicora a la Comisión de Salud para que dé explicaciones.
- La remisión de lo actuado a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
