Un proyecto de ley presentado por el bloque de diputados bonaerenses de la Unión Cívica Radical propone modificar la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad para incorporar obligaciones de seguridad en los tramos más comprometidos de la red vial provincial. La iniciativa lleva la firma de Valentín Miranda, Priscila Minnaard y la saladillense Alejandra Lordén.
El texto parte de un diagnóstico: la legislación vigente no obliga al Estado ni a las concesionarias a prevenir delitos en tramos con historial de incidentes, como pedradas contra vehículos en movimiento, robos en zonas de obra o ataques desde puentes. Para cubrir ese vacío crea un Mapa de Tramos Críticos, que elaborarían en conjunto Vialidad, el Ministerio de Seguridad y las concesionarias, con actualización periódica y datos públicos.
La diputada provincial Alejandra Lordén defendió en Radio Continental la iniciativa. El texto busca que las rutas provinciales estén protegidas frente a “los robos y los accesos irregulares a la calzada que muchas veces quedan cuando inician una obra”. Dijo que ese problema se suma a los ataques de motochorros y las pedradas.
“Pedimos también en un artículo que haya un mapa de zona crítica que se publique en el Boletín Oficial”, detalló. Como ejemplo, citó “la autopista Buenos Aires-La Plata, en la zona de Avellaneda, de Quilmes, en la misma bajada de la diagonal 74 y 520 de La Plata”, donde, aseguró, “reiterados casos han sucedido”. El relevamiento, planteó, tiene que distinguir “cuáles son las zonas de riesgo permanentes y luego cuáles son las temporarias porque hay obra”. Según el proyecto, el mapa lo elaborarían Vialidad, el Ministerio de Seguridad y las concesionarias.
“Queremos que haya obras en las rutas”, aclaró, pero con una condición: “Lo que no queremos es que una obra se convierta en una oportunidad para el delito”. El proyecto exige mallas, vallas y cámaras en los tramos críticos, y prohíbe dejar sectores desprotegidos mientras se trabaja. Lordén pidió además que el Estado sume cámaras de prevención y que se multe a quienes incumplan. Explicó que las multas de la ley “estaban totalmente desactualizadas”: según Infobae, la de 1977 equivale hoy a menos de un centavo, y el proyecto la pasa a unidades fijas para que se actualice sola.
Para la diputada, la cuenta no recae en el usuario. “La obligación la tiene más que nada el contratista o el concesionario que hace la obra, no el usuario ni el que paga el viaje”, dijo. Planteó que la protección durante la obra no le cuesta al Estado: “que durante la obra esté protegido y ahí no hay costo para el Estado”. En los tramos críticos permanentes habría una inversión pública con Rentas Generales, pero, sostuvo, “no es un costo tremendo”.
Lordén reconoció que el proyecto es nuevo y que queda poco margen hasta fin de año, cuando el Presupuesto será el tema principal de la Legislatura. “Como todo proyecto hay que trabajarlo”, admitió, y agregó que buscan “encontrar consenso para poder tratarlo este año”: “queremos tratarlo cuanto antes por la urgencia que requiere”.
