El Ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Walter Correa, envió el 17 de octubre comunicaciones a las 135 intendencias de la Provincia – entre ellas las ocho de la séptima- para que aporten información necesaria para conformar el Consejo de Empleo Municipal, un ámbito de diálogo entre los gobiernos locales y los sindicatos del sector. Los Ejecutivos municipales deben informar, antes del 31 de diciembre, los datos sobre la representación de los trabajadores afiliados y de las asociaciones sindicales que actúan en sus respectivas jurisdicciones, según el artículo 10 de la resolución que reglamenta el funcionamiento del organismo.
El pedido se enmarca en los artículos 49 y 51 de la Ley 14.656 de Paritarias Municipales, sancionada por la Legislatura a fines de 2014, y en la resolución RESO-2026-183-GDEBA-MTGP, firmada por Correa el 10 de agosto de 2026, que regula la convocatoria, la constitución y el funcionamiento del Consejo.
El Consejo tendrá un carácter consultivo y asesor, sin facultades vinculantes. Según el detalle de la resolución podrá hacer propuestas y alinear criterios sobre empleo público y negociación colectiva municipal sin afectar la autonomía de los municipios, aunque no crea un consejo salarial provincial ni fija un salario mínimo para el sector, algo que los gremios pretenden discutir allí.
Del lado de los municipios, los lugares serán designados por los intendentes que decidan participar y se repartirán por sección electoral: una banca para cada una de la Segunda, la Cuarta, la Sexta, la Séptima y la Octava, y dos para cada una de la Primera, la Tercera y la Quinta. La selección será anual y rotativa, sobre la base del Censo 2022. Cuando hay una sola banca, esta rota de mayor a menor distrito, y cuando hay dos, la segunda sigue el orden inverso. En el caso de la Séptima Sección, que reúne a Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo, la representación será una sola, por lo que los ocho distritos se turnarán en ese lugar.
Del lado sindical podrán participar las federaciones de segundo grado y los sindicatos nacionales de primer grado que tengan personería gremial, inscripción vigente y al menos el 10% de los trabajadores aportantes representados. Los lugares serán proporcionales a la cantidad de afiliados activos, y se garantiza una banca a la organización elegible más pequeña. Para hacer ese cálculo, los municipios deben declarar cada año la cantidad de trabajadores aportantes y de afiliados por organización, que es justamente la información que ahora solicita el Ministerio. El Ministerio de Trabajo será el encargado de convocar al Consejo y de resolver las controversias sobre representaciones o bancas. La convocatoria llega en medio del plan de lucha de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), que reclamaba la puesta en marcha del Consejo. El 31 de agosto, gremios de la federación cortaron las rutas 6 y 205 a la altura de Cañuelas y anunciaron un plan de protesta que describieron como “total o integral, permanente y prolongado”. Entre sus reclamos figuran los aumentos salariales, el rechazo a las contrataciones bajo monotributo y becas, y la participación en el Consejo. Según el gremio, el problema excede las negociaciones salariales de cada municipio y requiere una discusión a nivel provincial.
