La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que establece la promoción de una campaña de difusión a la comunidad orientada a explicar los efectos nocivos de la exposición a las pantallas en niños y niñas de hasta 12 años.
La iniciativa, fue impulsada por la senadora de Azul, Lorena Mandagarán (GEN), y acompañada por el legislador kirchnerista Emmanuel Santalla. La reciente Ley busca mejorar la calidad educativa, proteger la atención de los estudiantes y promover un uso responsable de la tecnología desde la infancia.
«Con la sanción de esta ley damos un paso fundamental para cuidar a nuestras infancias y mejorar la calidad educativa en la Provincia de Buenos Aires. No se trata de prohibir la tecnología, sino de organizar su uso, ponerla al servicio del aprendizaje y garantizar que los niños y niñas puedan concentrarse, desarrollarse plenamente y aprovechar al máximo cada clase. Queremos que la escuela siga siendo un espacio de enseñanza, atención y desarrollo integral, donde la tecnología sea una herramienta y no una distracción», manifestó Santalla.
Por su parte, la dirigente de la séptima sección electoral resaltó: “En múltiples investigaciones se indica que la exposición temprana y prolongada a medios electrónicos se asocia a un mayor riesgo de síntomas psicofísicos, en especial con cuestiones relacionadas al aislamiento social, alteraciones de la atención y del sueño, hiperactividad, trastornos de ansiedad y depresión”.
En tanto, describió que “a través del proyecto aprobado, solicito que se concientice sobre dichos efectos con cartelería y/o folletería colocadas en establecimientos sanitarios, maternales, pediátricos, públicos y privados, provinciales y municipales, y en los centros de venta de dispositivos electrónicos de la Provincia”.
Y enfatizó: “Es necesario proteger a los grupos más vulnerables y que el Estado arbitre los medios necesarios para que los adultos responsables de niños y niñas accedan a la información sobre los peligros del uso inadecuado de la tecnología”.
Lorena Mandagarán sostuvo que es necesario alertar sobre estos riesgos y avanzar en “recomendaciones para el uso saludable de tecnologías de acuerdo a la franja etaria de cada niño y niña”, y agregó: “no quedan dudas que la intrusión de la tecnología en la vida de las personas ha llevado a transformar las formas de relacionarnos, de acceder al aprendizaje, la enseñanza y la creatividad, entre otras. Pero en el caso de los menores de edad presenta riesgos que debemos evitar”.
“Específicamente, nos hemos centrado en los riesgos que el contacto con las pantallas tiene sobre las infancias, conociendo y entendiendo los aspectos fundamentales en los niños y niñas comprendidos entre los 0 y 12 años de edad, ya que se trata de la fase inicial y primaria de crecimiento; siendo la etapa de los 0 a 5 años la de mayor rapidez de desarrollo”, explicó la legisladora.
Según el informe PISA 2024, Argentina registra el mayor nivel de distracción en clase por el uso de dispositivos: más de la mitad de los estudiantes de 15 años admite perder concentración por su propio celular o el de sus compañeros. A nivel provincial, el 54% de los alumnos reconoce que se distrae durante la jornada escolar, afectando su atención, lenguaje y desarrollo emocional. Además, los resultados del Operativo Aprender 2024 muestran que más de la mitad de los estudiantes se ubica por debajo del nivel básico en Matemática, lo que evidencia la necesidad de reducir distractores en el aula y fortalecer la enseñanza.
La Provincia se suma a una tendencia que ya rige en otras jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires lleva un año de regulación del uso de celulares en las aulas, a través de la resolución 2075 2024 del ministerio de Educación porteño, con buenos resultados en su implementación. Neuquén, con la Ley N° 3520, prohíbe celulares en niveles inicial y primario durante toda la jornada, mientras que en secundaria se permite su uso únicamente con fines pedagógicos. Salta, a través de la Ley N° 8474, estableció la prohibición general de dispositivos en las escuelas, con excepciones autorizadas por docentes. Con esta nueva ley, la provincia bonaerense se convierte en la tercera en implementar esta política.
