Un informe de la Fundación Encuentro, titulado “El tanque que paga el ajuste: política de combustibles 2023-2026”, reconstruye el impacto de la política de combustibles del Gobierno de Milei desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, y concluye que mientras el sector celebra “balances contables récord” y el Gobierno sostiene su discurso de superávit fiscal, es el bolsillo de los argentinos el que financia ese resultado.
Según el informe, apenas asumió, el Gobierno devaluó el peso un 54% de un día para el otro y desreguló el mercado de combustibles, trasladando los precios pisados directamente al surtidor. A eso se sumó la suba de impuestos, que se incorporó al nuevo precio base. El resultado: el litro de nafta súper pasó de $311 en noviembre de 2023 a más de $2.000 hoy, un aumento acumulado del 558%.
El informe compara el poder de compra del salario privado promedio en combustible: en noviembre de 2023, un sueldo alcanzaba para 26,3 tanques de 50 litros; hoy, esa misma referencia salarial solo permite cargar 16,4 tanques, es decir, 10 tanques menos, una pérdida del 38% del poder de compra en combustible. La explicación, según el documento, es que la nafta subió 588% mientras los salarios lo hicieron un 311%.
Otro de los ejes del informe apunta a cómo se fija el precio interno. Argentina no importa nafta, la produce, y según los datos citados, Vaca Muerta aumentó su producción un 47% en el último año con las refinerías trabajando al 100% de su capacidad. Sin embargo, remarca el documento, el precio interno se fija como si cada litro llegara importado desde el exterior, por lo que «pagamos valor internacional por un recurso que es nuestro».
El trabajo también señala que el combustible caro no afecta solo a quien tiene auto: como buena parte de lo que se consume viaja en camión, el aumento del gasoil se traslada al flete y de ahí a la góndola, sumando hasta 2,5 puntos a la inflación anual.
El impuesto de las rutas que no llega
Uno de los datos centrales del informe es el destino del impuesto a los combustibles con afectación específica a la red vial. Según el documento, en los últimos dos años y medio se recaudaron $1,5 billones para rutas y obras viales, de los cuales solo se ejecutó el 26% en obra vial, mientras que $1,1 billones quedaron guardados en plazos fijos y bonos del Estado. Es decir, de cada $100 recaudados para las rutas, apenas $26 se usaron efectivamente en ellas.
El informe calcula que, con lo que quedó sin ejecutar, se podrían haber mejorado entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas, el equivalente a casi dos tercios de toda la red vial nacional.
El documento resume su diagnóstico en una frase: los balances récord y el superávit se celebran arriba, mientras lo paga, litro a litro, el bolsillo de los argentinos, “y ni siquiera vuelve en asfalto”. A partir de ese diagnóstico, la Fundación Encuentro plantea tres reclamos concretos: transparencia en cómo se fija el precio interno frente al costo real del petróleo argentino; que el impuesto a los combustibles asignado a las rutas se ejecute efectivamente en rutas y no en plazos fijos; y un superávit que no se financie licuando salarios ni postergando la infraestructura vial.
