El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, envió una dura carta de intimación administrativa a su par de Azul, Nelson Sombra, luego de la polémica instalada la semana pasada donde once personas pertenecientes a un mismo grupo familiar en situación de extrema vulnerabilidad fueran trasladadas en un vehículo oficial de la Municipalidad de Azul hasta la estación de trenes en desuso de Tandil. Según la comuna de la séptima sección, se detuvieron en ese lugar por pedido de la familia.
En la nota que se conoció este jueves -titulada “Intimación administrativa. Exigencia de informes técnicos y resarcimiento por traslado irregular de personas en situación de vulnerabilidad”-, Lunghi expresó el “más enérgico rechazo y formal protesta” de su administración ante lo que calificó como un traslado compulsivo e irregular, ejecutado por funcionarios dependientes de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de Azul, con el objetivo -según sostuvo- de transferir de manera fáctica y desarticulada la responsabilidad de asistencia de esa familia hacia el municipio de Tandil.
Uno de los ejes centrales del reclamo apunta a que el grupo familiar incluye, de manera preeminente, a menores de edad. Según la carta, al disponer su traslado y dejarlos en una locación inhabitada, sin servicios básicos ni condiciones de habitabilidad, se vulneró el principio del Interés Superior del Niño y el sistema de corresponsabilidad previsto en la normativa provincial.
Lunghi remarcó que tanto la Ley Provincial N° 13.298 -de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños- como la Ley Nacional N° 26.061 exigen que las intervenciones sociales se realicen en el centro de vida de los menores, y que está expresamente prohibido el «desentendimiento territorial» de los casos mediante desplazamientos forzosos hacia otras comunas.
La nota advierte que el accionar de los funcionarios que ordenaron y ejecutaron el operativo con el vehículo municipal podría configurar una desviación de poder y encuadrar, en principio, en figuras de abuso de autoridad y abandono de personas. En ese marco, Lunghi tomó conocimiento de que ya tramitan denuncias penales impulsadas por terceros en los fueros correspondientes para determinar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes.
Otro de los puntos que remarca la carta es la ausencia total de articulación entre los municipios: según Lunghi, la maniobra se ejecutó sin ningún tipo de informe de derivación, comunicación institucional ni aviso previo a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil. Esto, sostuvo, rompió de manera unilateral los canales de gestión y coordinación que deben regir el trabajo en red entre municipios bonaerenses, y derivó en que Tandil tuviera que desplegar de urgencia recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar a las once personas, brindándoles alojamiento provisorio, asistencia alimentaria y contención sanitaria.
Entre los puntos más contundentes de la intimación, Lunghi exige que sea el propio municipio de Azul el que “arbitre los medios urgentes para coordinar el retorno seguro y la asunción definitiva de la asistencia de la familia en su jurisdicción de origen”. Es decir, reclama que sea la comuna de Azul la que gestione el regreso de las once personas y retome allí, en forma definitiva, la responsabilidad de asistirlas, en la línea de lo que establece la normativa sobre intervención social en el centro de vida de las personas afectadas.
Lunghi intimó a Sombra a que, en un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción de la nota, el municipio de Azul:
- Remita un informe técnico detallado -firmado por los profesionales intervinientes y el secretario del área- sobre los antecedentes de intervención del Servicio Local con los menores del grupo familiar, incluyendo antecedentes por violencia de género e informes vinculados a salud, educación, trabajo y vivienda de las personas trasladadas.
- Identifique de manera fehaciente a los funcionarios y agentes municipales que ordenaron y ejecutaron el operativo.
- Arbitre los medios urgentes para coordinar el retorno seguro de la familia y asuma en forma definitiva su asistencia en Azul, su jurisdicción de origen.
- Disponga los medios económicos e institucionales para resarcir de manera inmediata los gastos que debió afrontar Tandil por la asistencia de emergencia brindada.
La Municipalidad de Tandil formuló además expresa reserva del derecho a reclamarle a Azul la totalidad de las sumas ya devengadas y las que puedan devengarse en el futuro por la asistencia integral de la familia.
Por último, la carta advierte que, en caso de silencio, negativa o respuesta evasiva por parte de la comuna de Azul, Tandil avanzará con acciones civiles por cobro de pesos y repetición de gastos, promoverá una denuncia ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia por presunto desvío y malversación de recursos públicos -en referencia al uso del vehículo oficial-, y evaluará la radicación de denuncias penales por parte del Departamento Ejecutivo de Tandil.
