El senador provincial e intendente de José C Paz en uso de licencia, Mario Ishii, presentó un proyecto en la Cámara alta para declarar la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires por 18 meses.
El dirigente peronista indicó que «resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social», Ishii dijo que «en situaciones de emergencia, la asignación presupuestaria no puede permanecer ajena a la realidad».
Frente a eso, reclamó «garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes para la vida cotidiana de la población».
“El acceso a una alimentación adecuada ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una situación estructural”, escribió y añadió: “Con impacto especialmente en niños, adolescentes, adultos mayores y trabajadores informales”.
La iniciativa establece en su artículo 1°: “Declárase la Emergencia Alimentaria y nutricional en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires por el plazo de dieciocho (18) meses”. Según el texto, el objetivo es “garantizar el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva para personas en situaciones de vulnerabilidad social”.
Además, contempla la actualización automática bimestral de los montos asignados a estos programas “conforme al índice de precios al consumidor (IPC)” y la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Alimentaria y nutricional, integrado por partidas presupuestarias, aportes extraordinarios del Tesoro provincial, recursos de organismos nacionales e internacionales y donaciones.
“A diario las familias, no solo de mi distrito, sino de la provincia, me hacen saber que ya no pueden más. Y si a esto se le suma la eliminación de planes que llevaban comida a la mesa de nuestras familias bonaerenses, el problema es mayor”, apuntó Ishii en alusión a la parálisis al menos por tres meses del Mesa Bonaerense tal como informó días atrás Séptima Sección.
Y sostuvo que “la readecuación presupuestaria que se propicia implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas”.
“Esta decisión no solo responde a un criterio de racionalidad económica, sino a un mandato ético y constitucional: en un contexto donde amplios sectores de la población no logran cubrir sus necesidades básicas, ningún recurso público puede ser asignado sin considerar su impacto social inmediato”, enfatizó.
El texto también prevé la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control, con representación de ambas cámaras legislativas, y establece que el Ejecutivo deberá remitir informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria, el alcance de los programas y la cantidad de beneficiarios.
