Un proyecto de ley impulsado por la senadora de Azul, Inés Laurini, en la Cámara alta busca dar un marco legal para que los municipios se asocien entre sí y compartan compras, servicios y hasta sistemas regionales completos, con el objetivo de reducir costos, ganar escala y mejorar la calidad de las prestaciones que llegan a los vecinos.
Según los fundamentos del proyecto, la Provincia de Buenos Aires tiene una fuerte desigualdad entre municipios: conviven distritos grandes, con mucha recaudación propia y estructuras administrativas complejas, con otros más chicos, de recursos limitados y alta dependencia de la Provincia y la Nación. Para estos últimos, tareas como comprar medicamentos, mantener maquinaria, sostener un laboratorio o tratar residuos suelen resultar muy caras o directamente inviables si las encaran solas. La idea del proyecto es que, asociándose con municipios vecinos, puedan acceder a mejores precios y a servicios que hoy no podrían sostener por sí mismos.
La iniciativa habilita tres modalidades, según el nivel de integración que necesiten los municipios:
Central Intermunicipal de Compras y Abastecimiento: la más simple. Sirve para comprar en conjunto bienes como medicamentos, combustible, luminarias, neumáticos o insumos hospitalarios, aprovechando el mayor volumen para negociar mejores precios.
Agencia Intermunicipal de Servicios: un escalón más complejo, pensada para compartir funciones técnicas como laboratorios, bromatología, zoonosis, mantenimiento de maquinaria, defensa civil o sistemas de información.
Consorcio Regional Integrado: la figura más completa, para armar sistemas regionales de mayor escala, como redes de salud, agua y saneamiento, gestión de residuos o transporte entre varios distritos.
Según explica el proyecto, los municipios pueden empezar por la modalidad más simple e ir sumando integración con el tiempo, según sus necesidades y capacidades.
Cada municipio debe sumarse mediante una ordenanza propia y firmar un instrumento constitutivo (convenio o estatuto) donde se defina con precisión qué aporta cada uno, cómo se reparten los costos, quién administra los fondos y qué pasa si algún municipio decide retirarse más adelante. El proyecto también prevé plazos mínimos de permanencia y compensaciones para evitar que un retiro intempestivo perjudique al resto.
Se crea un Registro Provincial para inscribir estas asociaciones y un Fondo Provincial de Incentivo, destinado a financiar estudios, asistencia técnica y el equipamiento inicial necesario para poner en marcha estos esquemas. Todo el manejo económico quedaría bajo control del Tribunal de Cuentas bonaerense, con rendición de cuentas obligatoria y publicación de la información en formato digital.
El proyecto actualiza la Ley 13.580 de Consorcios de Gestión y Desarrollo, vigente hasta ahora, que según los propios fundamentos había quedado corta frente a las necesidades actuales de los municipios. La apuesta es que la cooperación deje de depender de la buena relación coyuntural entre intendentes y se convierta en una política estable, con reglas claras que le den previsibilidad tanto a los municipios grandes como a los más chicos.
