Un grupo de productores rurales con campos en el partido de Tapalqué avanzó con una demanda judicial colectiva contra la Municipalidad, en el marco de un reclamo centrado en la tasa vial rural.
La causa, patrocinada por el estudio jurídico del Dr. Jorge Eduardo Moroni, especialista en litigios de tasas municipales, tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Azul bajo la carátula «Establecimiento 8 de Mayo S.A. y otros c/ Municipalidad de Tapalqué s/ Pretensión Declarativa de Certeza», iniciada el 29 de abril de 2026.
Según relató a Séptima Sección Victoria Pérez Parma, que integra la demanda, el reclamo colectivo se reactivó después de que se cortara el diálogo que el sector mantenía con el Municipio durante el verano, en un contexto en el que empezaron a conocerse reclamos similares en otros distritos bonaerenses. A partir de ese quiebre, un grupo de entre 25 y 27 productores decidió organizarse y sumarse a la acción judicial.
La misma productora indicó que, al contactarse con el estudio jurídico, se enteraron de la existencia de un grupo previo de cinco productores de mayor escala cuya causa —“Zemborain Rafael Jorge y otros c/ Municipalidad de Tapalqué”— ya se encontraba en una etapa procesal más avanzada, lo que según su relato les daría al resto de los demandantes una posición más favorable al sumarse detrás de ese proceso.
De acuerdo con el detalle que el estudio jurídico entregó a los productores en una reunión informativa, la acción judicial se apoya en tres planteos centrales. En primer lugar, sostienen que el abandono y la falta de mantenimiento de los caminos rurales le quita causa al cobro de la tasa, argumentando que se trata de un pago por un servicio que actualmente no estarían recibiendo. En segundo término, los demandantes denuncian, al amparo de la Ley 13.010, que los fondos de la coparticipación vial habrían sido utilizados para gastos corrientes del Municipio en lugar de destinarse al mantenimiento de caminos.
También impugnan el mecanismo de actualización automática de la tasa a través de la fórmula polinómica, al que califican como una forma de indexación prohibida y confiscatoria ya que consideran que debe ser aprobada por el cuerpo deliberativo cada vez que se actualiza.
