En el marco de fuerte ajuste que lleva adelante Javier Milei, el Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Los espacios multidisciplinarios brindan atención legal primaria gratuita a poblaciones de bajos recursos.
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia expresó que la clausura de los CAJ se debe a que "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias".
La cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona informó que "el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones" y aseguraron que el gasto de funcionamiento "le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año".
En la séptima sección electoral encontramos uno de los Centro de Acceso a la Justicia, ubicado en Olavarría, y por estas horas reina la incertidumbre. Ante esta situación, desde el bloque de diputados bonaerenses UCR + Cambio Federal, presentaron un proyecto de Declaración rechazando dicha medida.
Una de las firmantes de la iniciativa es la legisladora de la región, Alejandra Lordén. La diputada de Saladillo escribió en sus redes sociales: “Presentamos un Proyecto de Declaración expresando nuestra preocupación por el desmantelamiento de los Centros de Acceso a la Justicia dispuestos por el Ministerio de Justicia”.
Y agregó: “En la Séptima Sección (y de los pocos en el interior de la provincia) funciona uno de ellos en #Olavarría, por lo que expreso mi solidaridad con sus empleados. Los CAJ son intermediarios necesarios para que muchas familias puedan gozar del derecho a la justicia. Toda política pública puede y debe ser revisada, pero siempre que sea en favor y no en contra de los más humildes e indefensos de nuestra sociedad”.
