El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear aprobó por unanimidad tres iniciativas de resolución presentados por distintos bloques políticos: uno impulsado por Fuerza Patria, en apoyo a una ley provincial contra el sobreendeudamiento de consumidores, y dos presentados por la UCR, uno centrado en una ley nacional sobre protección financiera y sobreendeudamiento, y otro en el impacto de las tarifas de gas y energía eléctrica sobre los vecinos del distrito.
El bloque Fuerza Patria impulsó una resolución para que el Concejo adhiera al Proyecto de Ley provincial (Expte. D-3267/26-27), que propone la creación del Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados bonaerense.
Según se explicó en los fundamentos, la iniciativa busca prevenir, encauzar y resolver situaciones en las que la acumulación de deudas compromete la capacidad económica de las personas y afecta su calidad de vida, reconociendo que el sobreendeudamiento no es únicamente un problema financiero sino que puede vulnerar el acceso a bienes y servicios esenciales.
Entre sus principales herramientas, el proyecto provincial establece una instancia prejudicial obligatoria y gratuita en el ámbito de la Defensoría del Pueblo bonaerense, destinada a facilitar acuerdos entre deudores y acreedores, contemplando alternativas como la ampliación de plazos, la reducción de tasas de interés o la quita total o parcial del capital adeudado. Además, dispone que la suma de las cuotas resultantes de esos acuerdos no podrá superar el 30% de los ingresos netos mensuales del deudor, y crea un Registro Provincial de Prestamistas para fiscalizar a quienes ofrecen préstamos de manera habitual.
La iniciativa también regula las prácticas de cobranza, prohibiendo conductas intimidatorias, hostigamiento, amenazas, simulación de actuaciones judiciales y comunicaciones a terceros ajenos a la deuda.
Por su parte, el bloque de la UCR impulsó dos resoluciones, una vinculada al sobreendeudamiento financiero a nivel nacional y otra centrada en el impacto de las tarifas de servicios públicos en el distrito.
La primera expresó respaldo a la Ley de Protección Integral de Usuarios de Servicios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito (Expediente N° 3832-D-2026), ya ingresada y girada a comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación.
En sus fundamentos, el bloque radical remarcó que la expansión acelerada de los servicios financieros digitales, las billeteras virtuales y las plataformas fintech transformó las modalidades de acceso al crédito para millones de personas, y que —según datos del Banco Central— los niveles de mora e irregularidad crediticia muestran un incremento sostenido, especialmente en el crédito no bancario y de consumo. Advirtieron además que muchas familias bonaerenses recurren al crédito digital inmediato para cubrir gastos esenciales, quedando expuestas a tasas desproporcionadas, cargos poco transparentes y refinanciaciones perpetuas.
La segunda resolución de la UCR se centró en las “reiteradas y constantes consultas” de vecinos por facturas de gas natural (Camuzzi Gas Pampeana) y energía eléctrica (EDEA) con montos que, según remarcaron, superan ampliamente los ingresos de los hogares y resultan de imposible pago. El bloque señaló que la Provincia autorizó recientemente un nuevo incremento en los cuadros tarifarios de EDEA, en un contexto que se agrava además por las iniciativas del Gobierno nacional orientadas a modificar o derogar el Régimen Tarifario Especial para Zonas Frías (Ley N° 27.637), que beneficia a más de 90 municipios bonaerenses, entre ellos General Alvear. Cabe recordar que el propio Concejo ya había rechazado ese intento de recorte en su Novena Sesión Ordinaria, el pasado 24 de junio.
Con la aprobación unánime de los tres proyectos, el Concejo Deliberante de General Alvear dejó planteada una preocupación compartida entre distintos bloques políticos: el impacto del sobreendeudamiento y de los aumentos tarifarios sobre la economía de las familias del distrito, tanto desde el plano legislativo provincial y nacional como desde el reclamo directo a los organismos de control y a las empresas prestadoras de servicios.
