Más de un mes después de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la condena en la causa Vialidad, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner —Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego— ofrecieron este martes una conferencia de prensa en un hotel porteño, donde anunciaron el hallazgo de “nueva prueba” en la causa y anticiparon que presentarán un recurso de revisión para suspender o eliminar la condena a la expresidenta.
“La sentencia a Cristina es injusta y la imputación fue absolutamente falsa”, planteó Beraldi al comenzar su exposición. El abogado explicó que la nueva prueba surgió el 6 de agosto pasado, en el marco de la causa conocida como “Los Cuadernos”, cuando compareció un testigo convocado por la fiscalía —un técnico de la Dirección de Vialidad— que aportó una base de datos sobre cómo se habían distribuido los fondos del fideicomiso por el que fue condenada la expresidenta.
Según Beraldi, esos registros muestran que, de una inversión de US$2.000 millones ejecutada por Vialidad a través del artículo 54, a Lázaro Báez se le había asignado apenas el 0,85% entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015. “La información demuestra que lo que se había dicho en la sentencia es falso”, sostuvo, y agregó: “Frente a este hallazgo, llevamos la prueba a Naciones Unidas”.
El abogado brasileño Rafael Valim, quien defendió a Luiz Inácio Lula da Silva en su país, tomó luego la palabra y presentó un ranking de empresas que recibieron fondos de Vialidad durante el período investigado, según el cual el Grupo Austral, de Báez, apenas percibió el 0,85% del total. “Esta prueba marca un giro decisivo en el caso. No hay ningún fundamento fáctico para condenarla”, afirmó, y remarcó que esos datos “ponen a la acusación en una contradicción radical e insostenible”, al provenir del propio organismo de Vialidad.
Por su parte, el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sostuvo que a Cristina Kirchner “se la condenó porque estorbaba”, y cuestionó particularmente el tramo de la sentencia que dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerar que el fallo le dedicó “apenas 11 líneas” a esa decisión.
“Querían quitar de la escena política a una expresidenta”, planteó. El abogado resumió la estrategia en tres frentes: “Esto tiene tres vías: el Comité Internacional de Derechos Humanos, una vía de revisión y una vía interna para terminar con la injusticia contra la expresidenta”.
Beraldi cerró la conferencia con un mensaje directo sobre el objetivo de la estrategia legal: “Nuestro propósito es que esta condena caiga, que Cristina quede en libertad y que reanude su actividad política. Iremos paso a paso”. Y agregó: “Frente a estas nuevas pruebas, estamos en condiciones de que un tribunal de justicia pueda suspender los efectos de esta condena. Cristina sabe que esto puede demorar un tiempo”.
Con la comunicación individual presentada el 29 de julio ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta busca mantener viva la posibilidad de ser una alternativa electoral para 2027, en medio de la interna que atraviesa el peronismo. Una de las medidas cautelares incluidas en esa presentación pide directamente que se le levante la inhabilitación perpetua para poder competir el año próximo.
CFK fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión —que cumple bajo la modalidad de domiciliaria en su departamento de San José 1111— y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó la última queja presentada por su defensa. Además del reclamo por la inhabilitación, la presentación ante la ONU incluye otras dos medidas cautelares: una para relajar las condiciones de la prisión domiciliaria y otra para cuestionar la actual composición de la Corte Suprema, integrada por solo tres jueces.
