Un dictamen de la Procuración General de la Nación recomendó a la Corte Suprema revocar un fallo que frenaba la prohibición de incluir tasas municipales, como la de Alumbrado Público, en las facturas de luz. La causa, iniciada por la Municipalidad de José C. Paz, es un caso testigo para todos los municipios del país que usan ese mecanismo de cobro.
Más allá del tecnicismo jurídico, el caso se inscribe en una tensión de fondo que crece entre la Nación y los municipios en torno al financiamiento local. La posibilidad de eliminar el cobro de tasas municipales mediante las facturas de servicios públicos golpea directamente uno de los mecanismos de recaudación más eficientes con los que cuentan los intendentes, en un contexto de fuerte estrés fiscal para las comunas de todo el país.
Un punto central del dictamen es que la discusión no gira en torno a la legitimidad de la tasa municipal en sí, sino a la metodología utilizada para percibirla. Según la Procuración, los municipios conservan plena facultad para cobrar sus tributos, pero deberán hacerlo por vías separadas de la factura de luz.
Mientras el Gobierno nacional enmarca la medida como parte de una agenda de protección al consumidor y transparencia en la facturación de servicios públicos, los municipios advierten que un cambio en la metodología de cobro puede traducirse en una caída sensible de la tasa de cobrabilidad y en mayores costos administrativos para sostener la recaudación, en momentos en que buena parte de los intendentes bonaerenses —de distinto signo político— ya reclaman al Gobierno provincial y nacional por la situación de sus finanzas.
La resolución final quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir si avala el criterio de la Procuración o confirma la protección de la autonomía municipal establecida por la Cámara Federal de San Martín. El fallo sentará un precedente que podrá aplicarse a la totalidad de los municipios del país que utilizan este mecanismo de cobro.
