Ya en la madrugada del jueves 27 de noviembre, el Senado bonaerense terminó de aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal e Impositiva 2026, tras la media sanción en Diputados.
La Ley de Presupuesto, estima una inversión por 43 billones de pesos. “Hoy en la Legislatura estamos dando un paso muy importante para dotar al gobierno provincial de herramientas fundamentales” señaló el diputado Juan Pablo de Jesús, en representación del oficialismo. “Un dato a destacar en este presupuesto es el alto porcentaje de gasto en capital; estamos hablando de más del 7%”, destacó.
El presupuesto prevé una inversión en obra pública de $3.2 billones. El proyecto prioriza la asignación de recursos a funciones esenciales como Promoción y Asistencia social, con una inversión de $1.7 billones; al igual que a Salud. A Educación destina $1.3 billones; mientras que a Seguridad y Servicio Penitenciario $ 1.4 billones, y a políticas productivas 60 mil millones de pesos.
De esta manera se dará continuidad al Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras obras públicas. Respecto a protección social, se prioriza el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, entre otras políticas. En el ámbito de la salud la previsión incluye inversión en infraestructura, maquinaria y equipos; priorizando el fortalecimiento del programa Medicamentos Bonaerenses y la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer; entre otras erogaciones. En materia educativa continúan las políticas en pos de la universalización de la jornada completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación a sala de 3 años; la inversión para garantizar la infraestructura necesaria a universidades provinciales y la finalización de las obras abandonadas por el gobierno nacional.
En materia productiva los fondos previstos serán vehiculizados a través de los ministerios de Desarrollo Agrario; el de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el de Trabajo fundamentalmente. Los montos definidos también incluyen las políticas crediticias y de promoción del consumo del Banco Provincia.
En tanto las transferencias a los municipios por coparticipación ascenderán a 5.5 billones de pesos, distribuidas por Coeficiente Único de Distribución (CUD), informó De Jesús. Ese monto incluye el Fondo Educativo por más de 600 mil millones de pesos.
La norma declara la Emergencia Económica, causada por la recesión y el incumplimiento por parte del gobierno nacional de las transferencias que corresponden a la Provincia. Como consecuencia de las negociaciones, se incorporó a los municipios en la declaración de emergencia, los que más tarde tendrán la potestad de adherir o no.
El articulado crea a su vez un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, conformado por los recursos provenientes de estas sumas adeudadas -reclamadas por vías administrativas y judiciales-, supeditando las erogaciones que correspondan por leyes especiales al efectivo ingreso de fondos y excluyéndolos de este modo de la base de cálculo para el ejercicio 2026. Actualmente, el gobierno provincial sostiene que la deuda asciende a los 12,9 billones de pesos, de los cuales dos billones corresponden a deuda previsional.
En su intervención en la Cámara alta, el presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, explicó que aprobar la Ley de Financiamiento garantiza “la viabilidad de la ejecución del plan de Gobierno”.
Al respecto, el senador Feliú señaló que el punto saliente de la Ley Fiscal Impositiva “es que no hay un incremento de la presión tributaria, se reducen las distorsiones y se fortalece la equidad tributaria”.
En ese sentido, detalló que no hay cambios de alícuotas en materia de Ingresos Brutos, se mantiene la misma carga fiscal en materia inmobiliaria eliminando distorsiones y actualizando nominalmente impuestos inmobiliarios, con reducción de impuestos a pagar en términos reales, y para el cien por ciento de los propietarios se eliminan cuotas adicionales.
“Con respecto a los automotores, se proyecta una rebaja nominal en la patente que beneficiará al 75% de los contribuyentes, aproximadamente un millón y medio de automotores, reformulando las tablas de evaluación y corrigiendo distorsiones”, añadió.
Por último, sostuvo que las alícuotas fijadas ubica a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones del país con menor presión tributaria en materia de impuesto automotor.
