La legisladora provincial Sabrina Sabat, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense, presentó un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación de productos fitosanitarios en terrenos lindantes a escuelas rurales, con el objetivo de proteger la salud de las comunidades educativas y el ambiente.
En su argumentación, la dirigente señaló: “La exposición a estos productos puede generar consecuencias preocupantes. Es fundamental establecer pautas claras generando zonas de resguardo y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes”.
La iniciativa prevé que en las aplicaciones terrestres sobre lotes emplazados los establecimientos educativos rurales, debe respetarse una distancia de cien metros contando desde el límite del establecimiento hacia el lote productivo y realizarse fuera del horario escolar. En tanto, para las aplicaciones aéreas esa distancia se amplía a 500 metros.
La diputada de Unión Renovación y Fe indicó que “la legislación local, en algunos casos, es ambigua, por eso es fundamental avanzar con una normativa provincial que unifique criterios”, señaló. Y agregó: “Necesitamos acompañar a la comunidad educativa con leyes que resguarden sus derechos y prioricen la salud por encima de los intereses económicos”.
Además, el proyecto plantea la obligatoriedad de contar con la presencia permanente del asesor técnico del productor o de la empresa aplicadora durante los procedimientos. También determina que los propietarios o arrendatarios de lotes agropecuarios notifiquen con al menos 48 horas de anticipación la realización de cualquier aplicación en sus terrenos. Prevé sanciones para quienes no cumplan con lo establecido.
“La educación no puede ir en desmedro del derecho a la salud integral y el ambiente sano y desde el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de promoverlo con normas claras y el compromiso de todos los actores”, subrayó Sabat. Y cerró: “No se trata de ir en contra del sector productivo, sino de exigir prácticas responsables en resguardo de la vida de las personas”.
El proyecto se enmarca en un creciente debate sobre el impacto de los fitosanitarios en la salud y el ambiente, un tema que genera preocupación en distintas comunidades bonaerenses.
