El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley el proyecto que restringe el régimen de Zona Fría, dejando el subsidio al gas limitado únicamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna. La iniciativa fue sancionada por 38 votos contra 8, tras el retiro del bloque del peronismo, liderado por José Mayans, que obligó al oficialismo a garantizar por sus propios medios el quórum de 37 senadores necesario para habilitar la votación.
La ley golpea de lleno a la Séptima Sección Electoral bonaerense: Azul, Bolívar, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, 25 de Mayo, Tapalqué y General Alvear. Según los datos relevados, 97.500 familias de la región quedarán sin el beneficio que habían empezado a recibir en 2021, cuando el régimen se amplió a zonas templado-frías de todo el país.
A nivel nacional, la medida alcanza a alrededor de 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa y San Luis, y deja sin el subsidio a más de un millón de personas.
El texto sancionado mantiene el subsidio de manera automática solo para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También conservan el beneficio los hogares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), los veteranos de Malvinas y las familias con integrantes que posean el Certificado Único de Discapacidad.
Para el resto —incluidas las 97.500 familias de la Séptima Sección que hasta hoy tenían el descuento garantizado— el beneficio deja de ser automático. Quienes quieran acceder a una rebaja en la tarifa deberán acreditar ingresos de hasta tres canastas básicas para hogar tipo 2, que actualmente rondan los 4,8 millones de pesos.
La ley también prorroga hasta 2045 el régimen de incentivos a las energías renovables y establece un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista.
Desde el oficialismo sostienen que la sanción de la ley permitirá reducir el déficit energético en 272 millones de pesos y ordenar las deudas que el Estado mantiene con CAMMESA, la distribuidora de energía mayorista.
Lo que pierde la región
Para los ocho municipios de la Séptima Sección, la sanción de la ley implica el fin de un beneficio que —tras la ampliación de 2021— garantizaba un descuento del 30% en la factura de gas para los hogares en general y de hasta el 50% para jubilados, personas con discapacidad y sectores vulnerables. De ahora en más, esas 97.500 familias deberán tramitar individualmente la rebaja y demostrar que sus ingresos no superan el tope establecido, en una región que en los últimos inviernos registró algunas de las temperaturas más bajas del país.
