La senadora provincial del Frente Renovador, Malena Galmarini, presentó un proyecto en la Cámara alta bonaerense para sacarles los teléfonos móviles a los detenidos dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Al igual que lo hizo en la Cámara de Diputados La Libertad Avanza; el espacio liderado por Sergio Massa quiere terminar con “las estafas y extorsiones que parten desde dentro de los penales.
“Basta de celulares en las cárceles. No podemos permitir más estafas, mucha gente termina perdiendo todo. Necesitamos prohibir los celulares e inhibir las señales en los penales bonaerenses”, indicó Galmarini.
En el artículo 1, el proyecto establece “prohibir la tenencia, uso, posesión o administración de teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación inalámbrica por parte de las personas privadas de la libertad, alojadas en establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, así como también establecer la instalación de sistemas de inhibición de señal dentro de los pabellones y sectores de alojamiento”.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo Galmarini al presentar el proyecto.
La propuesta establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, al tiempo que contempla sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.
“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó la senadora. En ese sentido, Galmarini remarcó que detrás de cada estafa o extorsión telefónica hay víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas, muchas veces bajo amenazas que simulan secuestros o situaciones de violencia contra sus familias.
“No se trata sólo de tecnología o de control penitenciario: se trata de proteger a las personas que reciben esas llamadas y que quedan atrapadas en situaciones de desesperación. El Estado tiene que estar del lado de las víctimas”, señalaron desde el equipo de la legisladora.
El proyecto prevé un plazo máximo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal, con el objetivo de impedir comunicaciones ilegales desde los pabellones penitenciarios.
“Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad”, concluyó.
