El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 736/2026, que flexibiliza el uso de los depósitos en dólares del sistema financiero para otorgar préstamos a empresas, en línea con el anuncio que había realizado un día antes el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas Federico Furiase.
La medida modifica el artículo 23 del Decreto 905/2002, que hasta ahora restringía los préstamos en dólares únicamente a empresas con ingresos vinculados al comercio exterior. Con el nuevo texto, los bancos podrán prestar esos depósitos también a otras personas jurídicas, aunque no tengan ingresos en moneda extranjera, siempre bajo la reglamentación que dicte el Banco Central.
Caputo remarcó que la flexibilización se aplica exclusivamente a préstamos para empresas y que no incluirá a personas físicas, por considerarlo “macro prudencialmente más razonable”. Según explicó, la decisión responde a un pedido de distintos sectores productivos: “Nosotros nos juntamos regularmente con todos los sectores de la economía y nos venían pidiendo una mayor flexibilidad”.
El funcionario señaló que el objetivo es generar mayor crédito para sectores intensivos en mano de obra, como la construcción y la industria automotriz.
Durante el anuncio, Caputo detalló la evolución de los depósitos y préstamos en dólares del sector privado desde el inicio de la gestión: los depósitos pasaron de USD 14.100 millones en diciembre de 2023 a USD 40.300 millones en la actualidad, mientras que los préstamos crecieron de USD 3.700 millones a USD 24.600 millones en el mismo período.
Según el ministro, la proporción de depósitos que fondea préstamos en dólares subió del 26% al 61%. Precisó además que, si bien el encaje normativo es del 25% de los depósitos, los bancos argentinos mantienen por prudencia un margen de liquidez adicional cercano al 10%, prestando en la práctica hasta el 65% de los depósitos.
“Hoy hay un encaje adicional de, aproximadamente, 10 puntos. Si los bancos prestaran la totalidad de su capacidad de préstamo, que sería el 75% de los depósitos, podrían prestar 30.500 millones de dólares versus los 24.700 millones que tienen prestados”, detalló Caputo, y agregó que existe una capacidad adicional para prestar unos USD 5.800 millones más.
El ministro remarcó que la reforma no altera tres condiciones estructurales del régimen: la flexibilización alcanza solo a personas jurídicas, donde —dijo— los precedentes judiciales sobre la validez de los contratos entre privados son sólidos; se mantiene la obligación de liquidar los préstamos, lo que limita el multiplicador bancario en moneda extranjera; y no se modifican las normas que protegen al sistema financiero de la exposición al sector público en moneda extranjera, uno de los factores señalados como centrales en la crisis de 2001. En ese sentido, los bancos solo podrán comprar títulos del Tesoro Nacional por hasta un tercio de los préstamos en moneda extranjera que otorguen.
Caputo vinculó la medida con la Ley de Inocencia Fiscal, al sostener que apunta a que los dólares que hoy están fuera del sistema se canalicen como crédito: “La gente pierde plata si tiene la plata debajo del colchón. No le conviene a la gente y no le conviene al país, porque esos dólares si van al sistema financiero los bancos los pueden estar prestando ahora a empresas a una tasa que pueda hacer que esas empresas tengan un negocio más rentable, puedan generar empleo y se dé una dinámica como la que nosotros estamos queriendo lograr”.
Por su parte, el viceministro Daza fundamentó la medida desde la teoría económica: “El ahorro determina el nivel eventual de ingresos de la población, pero también la transformación del ahorro en crédito e inversión. Entonces, esta es una medida que contribuye a que el ahorro pueda ser canalizado como crédito”.
Los fundamentos del decreto
El propio DNU explica en sus considerandos que, según estimaciones del INDEC, a fines del primer trimestre de 2026 el sector privado no financiero contaba con activos externos por USD 262.014 millones, muy por encima de los USD 39.336 millones depositados en el sistema financiero local en moneda extranjera al 30 de junio. Esa brecha, sostiene el texto oficial, evidencia un volumen significativo de ahorro en dólares que permanece fuera del circuito formal y que podría destinarse a financiar la inversión productiva.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei junto a los ministros Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Presti, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger, y quedó a disposición de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su revisión, tal como establece la Ley 26.122 para este tipo de medidas.
