Gracias al respaldo de los votos del PRO y de algunos legisladores de gobernadores, La Libertad Avanza consiguió el número para poder rechazar la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario.
La votación final a favor de la insistencia de la norma, que debía reunir dos tercios de los presentes, resultó con 160 votos positivos, 84 negativos y 5 abstenciones.
Con protestas en las afueras del Congreso, el oficialismo consiguió en menos de un mes (el pasado 11 de septiembre se ratificó el veto sobre jubilaciones) reunir nuevamente un tercio de legisladores que permitan sostener la decisión presidencial. En ese momento fueron 87, a los que el presidente Javier Milei calificó de “héroes”.
A La Libertad Avanza lo acompañaron este miércoles sus aliados: 35 del Pro -excepto dos y un ausente-, 2 del MID, 3 de Independencia, el monobloque CREO, 4 diputados de la UCR –Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier– y 1 del bloque Por Santa Cruz, José Luis Garrido.
Por la positiva lo hicieron Unión por la Patria, la mayoría de la UCR, Encuentro Federal, un sector de Innovación Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, uno de Por Santa Cruz, dos de Producción y Trabajo, el monobloque Movimiento Popular Neuquino y la exlibertaria Lourdes Arrieta, según resalta el medio Parlamentario.
Las cinco abstenciones fueron de los cuatro diputados por Misiones de Innovación Federal: Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa; y del radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con Milei.
En la votación estuvieron ausentes Héctor “Tito” Stefani (Pro), Oscar Zago (MID), Fernando Carbajal (UCR), Alejandra Torres, Jorge Ávila, Ricardo López Murphy (Encuentro Federal). Por Unión por la Patria no bajó al recinto la catamarqueña Fernanda Ávila, quien responde al gobernador Raúl Jalil.
La norma, sobre la cual la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado un costo fiscal de 0,14% del PBI, preveía que el Poder Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.
Asimismo, encomendaba al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.
También indicaba que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC.
En el límite de la fecha para publicar el veto, y al día siguiente de la segunda masiva marcha en defensa de las universidades, el pasado 3 de octubre el Poder Ejecutivo oficializó el decreto 879/24, por el cual observó totalmente la ley.
Según los argumentos del Gobierno, el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. “No pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, lanzó el PEN.
