La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio una respuesta sólida y con pruebas concretas a la denuncia penal presentada el pasado 25 de septiembre por el juez de Garantías Guillermo Atencio, y dejó en claro que en ningún momento existió un intento de ocultar pruebas ni de obstaculizar la investigación judicial conocida como el caso “Chocolate” Rigau. La respuesta institucional tuvo un valor adicional: fue firmada de manera conjunta por las autoridades de la Cámara y por los presidentes de la totalidad de los bloques políticos, oficialismo y oposición por igual, algo poco habitual en la Legislatura bonaerense y que refleja el consenso amplio en torno a la legitimidad del accionar del cuerpo.
El primer argumento de la Cámara resulta contundente: “La HCD siempre actuó ajustado a derecho y colaboró con la Justicia. La resolución de archivo de expedientes, contemplada previamente desde el año 2002 en el reglamento de esta HCD, fue aprobada por más de dos tercios de este cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó a la HCD el 19 de agosto de 2026. Por lo tanto, de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece en la HCD a disposición de quien quiera verlo”.
La Cámara aportó un dato central: “También resulta necesario diferenciar las actuaciones para evitar confusiones ante la opinión pública. Los requerimientos y las decisiones administrativas a las que se hace referencia no correspondían, según la documentación considerada por la HCD, a la causa Julio Rigau (PP-06-00-047539-23/00 Rigau, Julio Segundo y otros s/ hurto-estafa-fraude en perjuicio de la administración pública-asociación ilícita), sino a la causa Rodríguez, vinculada a un hecho de hurto (PP-06-00-047539-23/01 Rodríguez María Eugenia s/ hurto, artículo 162). Se trata, por lo tanto, de actuaciones que deben ser analizadas de manera diferenciada y de acuerdo con su correspondiente expediente judicial. Asimismo, en la causa Julio Rigau, la HCD aportó información requerida por la Justicia, dicha investigación avanzó, se encuentra elevada a juicio y existen personas privadas de su libertad. Estos elementos deben ser tenidos en cuenta antes de sostener que existió una conducta institucional destinada a impedir el avance de aquella investigación”.
El cuerpo legislativo remarcó, con firmeza, que resulta “inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, amparándose en el artículo 96 de la Constitución bonaerense, que protege expresamente las opiniones y votos de los integrantes de ambas Cámaras. Lejos de guardar silencio frente al requerimiento judicial, la Cámara respondió formalmente y en tiempo y forma, informando que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente y luego convalidadas mediante un acto legislativo soberano, es decir, respaldado por una decisión del cuerpo en su conjunto y no por una mera resolución administrativa aislada.
El comunicado planteó, además, que “la división de poderes supone la existencia de facultades de control recíproco entre los distintos poderes del Estado. Cada uno cuenta con herramientas constitucionales para ejercer ese contralor sobre los demás, pero esas atribuciones no pueden ser utilizadas de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder. Del mismo modo, ninguna facultad propia puede ser empleada para autoprotegerse ni para impedir las investigaciones que legítimamente correspondan a otro poder del Estado. El equilibrio institucional exige que cada poder ejerza sus atribuciones dentro de los límites establecidos por la Constitución, preservando tanto la independencia judicial como la autonomía y el normal funcionamiento del Poder Legislativo”.
Por último, la Cámara recordó que a lo largo de su historia existieron otras causas judiciales vinculadas a hechos ocurridos en la Legislatura, y que en todos los casos la Justicia pudo llegar hasta la sentencia sin que la actuación institucional del cuerpo representara jamás un impedimento. Este antecedente refuerza la idea de que la Legislatura bonaerense mantiene una conducta de colaboración plena con el Poder Judicial.
El comunicado lleva la firma del presidente de la Cámara, Enrique Alejandro Dichiara (Unión por la Patria), y del vicepresidente primero, Alexis Guerrera (UP), junto a los vicepresidentes Agustín Forchieri (PRO), Agustín Romo (LLA), Mariano Cascallares (UP), Blanca Alessi (Unión y Libertad) y Matías Civale (UCR + Cambio Federal). A ellos se suman los presidentes de bloque Facundo Tignanelli (Unión por la Patria), Juan Esteban Osaba (La Libertad Avanza), Alejandro Rabinovich (PRO), Martín Rozas (Unión y Libertad), Diego Garciarena (UCR + Cambio Federal), María Alejandra Lordén (Unión Cívica Radical), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), José Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Juan José Esper Zamar (Derecha Popular).
