El mandatario nacional, Javier Milei, envió al Senado de la Nación el proyecto de Ley de Reforma Política. La iniciativa que cuenta de 78 artículos busca modificar el Código Electoral de la Nación.
Dividido en siete Títulos, el primero apunta a modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.398) e inhabilitar para ser candidatos a cargos públicos electivos nacionales a personas condenadas en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior a la celebración de las elecciones nacionales. Tampoco permite la candidatura de personas condenadas por delitos dolosos, según consigna el medio especialista en el tema, Parlamentario.com.
Además, este capítulo crea el 33 bis y propone que la Cámara Nacional Electoral lleve un Registro Público de Ficha Limpia donde consten las sentencias de segunda instancia confirmadas.
Sobre esto, desde el Ejecutivo nacional señalaron: “Las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública. No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia. Y es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario”.
Sobre la personería jurídica de los partidos políticos, la norma impulsada por el gobierno libertario establece el requerimiento de un padrón de afiliados superior al 0,5% del padrón electoral; para el reconocimiento a nivel nacional exige un 0,10 del Registro Nacional de Electores; y la conservación debe tener la representación en al menos diez distritos (actualmente se requieren cinco).
Entre los motivos que derogan la personería jurídica de los partidos nacionales está propuesto en la iniciativa que se dé en casos donde no sea alcanzado el 3% en el resultado final de dos elecciones nacionales consecutivas. El marco normativo vigente establece el piso del 2%.
En el segundo Título, el Gobierno nacional vuelve a la carga con un viejo anhelo de campaña: la eliminación definitiva de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO). La tarea no será sencilla para el oficialismo debido a que los bloques aliados son quienes se oponen a la derogación. Según fuentes consultadas por este medio, la alternativa podría ser que se apunte a una nueva suspensión como ocurrió en 2025, agrega el mismo portal.
En cuanto al diseño de la Boleta Única de Papel, herramienta implementada por primera vez en las elecciones de 2025, el Poder Ejecutivo propone que se incorpore un casillero en blanco “próximo al nombre y símbolos identificatorios de la agrupación política para votar con una única marca por todas las candidaturas de las diferentes categorías de cargos electivos incluidas en la misma columna”, es decir, la posibilidad de votar lista completa.
Uno de los títulos más extensos del proyecto es el que se refiere a la reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (N° 26.215). Uno de los cambios establece que “los partidos políticos podrán optar por la renuncia al aporte público anual que les correspondiere”. Tal renuncia “deberá comunicarse de manera fehaciente al Ministerio del Interior y se presumirá que tiene un plazo de vigencia de un año”.
Otra de las modificaciones indica que los partidos deberán destinar no menos de un 10% de lo que reciban del aporte público anual “al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación”. Actualmente es el 20%.
En cuanto a las prohibiciones de financiamiento privado, no se podrán recibir contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren condenadas o procesadas por lavado de activos, narcotráfico, contrabando, asociación ilícita, delitos contra el Estado, entre otros.
Aparece, también, la modificación en la elección de los parlamentarios del Mercosur que propone que sea la Cámara de Diputados quien se encargue de la designación de las bancas bajo la premisa de respetar la proporcionalidad de los bloques políticos. Los designados no cobrarán una dieta adicional por la nueva función, pero tendrán la cobertura de los viáticos.
Por su parte, desde el Gobierno nacional explicaron que la eliminación de las PASO se da luego de “un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de «internas abiertas», que solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante. De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado”.
“El proyecto también propone la eliminación total del régimen de espacios cedidos, que actualmente obliga a los medios a entregar espacios de aire para propaganda partidaria gratuita, un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto”, agregaron desde el Ejecutivo.
Para cerrar, indicaron: “El sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política. Es un sistema hecho a medida para que la política se proteja a sí misma. El Presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos: que la política vuelva a estar al servicio de la gente”.
