El senador provincial por la séptima sección, Alejandro Cellillo, se refirió a la exposición que hizo el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, a la Legislatura para brindar detalles del paquete de leyes que envió el gobernador Axel Kicillof donde están incluidas las extensiones de las emergencias, el fondo para los intendentes, endeudamiento y deudas de los municipios.
En ese marco, el vicepresidente de la Cámara baja e integrante de la Comisión de Presupuesto, señaló que “lamentablemente, nos quedamos con más dudas que certezas” y aseguró que “creemos que los municipios necesitan previsibilidad. Piden, ni más ni menos, que un marco lógico que les permita proyectar y planificar sus cuentas. Eso hoy no sucede. Y la razón es sencilla: sin un presupuesto aprobado y sin una ley impositiva, es muy difícil establecer un norte”.
Asimismo, planteó el legislador de la séptima sección que “por este motivo, no podemos acompañar medidas que son parches y que impactan de lleno en la administración de los recursos públicos”.
Cellillo además aseguró que “seguimos insistiendo en proyectos más sólidos, con responsabilidad fiscal, que no se sostengan en emergencias arbitrarias y respeten la división de poderes. No vamos a firmar un cheque en blanco”, apuntó.
Por último, sentenció: “Necesitamos más debate y una propuesta seria para la administración de los recursos que pertenecen a los bonaerenses”.
Los puntos clave
El proyecto que el gobernador ingresó a la Legislatura a través del Senado pide en sus primeros artículos la autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.045 millones de dólares y para la emisión de Letras del Tesoro por el equivalente en pesos a 250 millones de dólares.
Según Kicillof, el dinero será utilizado para hacer frente a deudas anteriores de la administración bonaerense, como también a financiar obras de infraestructura. Indicó que la administración de María Eugenia Vidal tuvo autorización para tomar deudas por montos mayores a 3.500 millones de dólares.
El proyecto del gobernador incluye, además, la declaración hasta el 31 de diciembre de 2026 de siete emergencias, que habían vencido en marzo último. Se trata de aquellas en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética. Esto permite a las carteras afectadas, poder tomar medidas y realizar contrataciones de un modo más laxo que en las situaciones regulares.
En ese contexto, encomienda al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a llevar adelante el proceso que culmine con la implementación de la revisión tarifaria integral del servicio de energía eléctrica, “que le permita alcanzar los acuerdos de entendimiento para resolver de modo armónico las cuestiones suscitadas con las empresas concesionarias durante la emergencia energética, confiera sustentabilidad a la prestación del servicio con la normalización de la etapa de transición tarifaria”.
El texto contempla también la creación de 489 cargos para el Poder Judicial, 1.500 para el Servicio Penitenciario y otros 260 para el área de Niñez y Adolescencia, al tiempo que suma 5 mil horas cátedra para la escuela secundaria.
“Ante este panorama es que se vuelve indispensable contar con las herramientas necesarias para fortalecer las capacidades del gobierno provincial y hacer frente a las demandas emergentes, optimizando el uso de los recursos y orientando el gasto hacia políticas públicas que permitan dar una respuesta oportuna y adecuada a las necesidades más urgentes de la población y al sostenimiento de inversiones en los municipios de la provincia”, justificó el mandatario.
