Durante la última reunión de la comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado bonaerense, el legislador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, defendió el avance de su proyecto que autoriza a los municipios, por el término de seis meses, a reasignar fondos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural hacia obras de drenaje pluvial y equipamiento de infraestructura hídrica, de cara a la llegada del fenómeno climático “El Niño”.
La iniciativa, que obtuvo moción de preferencia durante la última sesión ordinaria de la Cámara alta, permite que los municipios bonaerenses destinen hasta el 100% de los recursos que reciben para el mantenimiento de la red vial rural a trabajos orientados a mitigar los efectos del fenómeno meteorológico, que mantiene en alerta a buena parte del interior de la provincia.
“No estamos creando ningún fondo especial, sino que se trata de una partida que ya viene asignada por la Ley 10.559. Es una medida provisoria ante este fenómeno meteorológico y busca que los intendentes puedan contar con esta facultad”, explicó Vargas ante los integrantes del cuerpo parlamentario.
Según precisó el legislador, la medida apunta a que los jefes comunales puedan disponer, durante 180 días, del 12% de la coparticipación del Inmobiliario Rural para afrontar una eventual emergencia hídrica, con la posibilidad de destinar esos recursos a canalizaciones, zanjas u otras obras civiles menores.
“Teniendo en cuenta que los intendentes son los que tienen esta inmediatez, conocen su territorio, conocen su distrito y van a saber perfectamente en qué prioridad de obra esa pequeña suma va a ser aplicada”, sostuvo Vargas.
El senador remarcó, además, que la reasignación de los recursos constituye una “facultad” y no una obligación para los distritos, por lo que cada intendente podrá decidir si utiliza los fondos para atender la emergencia o mantiene su destino original para los caminos rurales, muchos de los cuales sufrieron severos daños a raíz de las condiciones climáticas de los últimos meses.
De acuerdo con la legislación vigente, los fondos recaudados por el Impuesto Inmobiliario Rural se distribuyen en un 65% para el Ejecutivo provincial, un 12% para el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, un 3% para el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, y el 20% restante para los municipios, en concepto de retribución por la administración del tributo.
El proyecto de Unión y Libertad, que también lleva la firma de la legisladora Silvana Ventura, plantea en sus fundamentos una advertencia directa: “Condenar a los municipios a la rigidez burocrática de solo poder perfilar caminos de tierra cuando la red de canales se desborda es gobernar de espaldas a la cruda realidad de nuestros productores. Si no flexibilizamos con urgencia el uso de estos recursos, nuestra red vial rural desaparecerá bajo el agua”.
En ese sentido, el planteo de Vargas sostiene que la inminente llegada de “El Niño” no constituye una simple conjetura meteorológica, sino una “amenaza” que puede paralizar la matriz productiva bonaerense y dejar aislados a miles de vecinos.
El proyecto consta de tres artículos. El primero autoriza a los municipios bonaerenses a disponer y aplicar, de manera indistinta, hasta el 100% de los fondos coparticipados o transferidos con destino al mantenimiento de la red vial rural derivados del Impuesto Inmobiliario Rural (Ley 13.010 y modificatorias), para la ejecución de obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento hídrico.
El segundo artículo fija la vigencia de la norma en 180 días corridos a partir de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que el tercero dispone su comunicación al Poder Ejecutivo.
En los fundamentos, el proyecto remarca que la iniciativa “no crea nuevos tributos ni altera las finanzas provinciales”, y que busca dotar a los intendentes de “la flexibilidad técnica necesaria para reaccionar ante eventos climáticos severos”, sin afectar la vigencia definitiva del régimen general de la Ley 13.010. El texto concluye señalando que la propuesta “busca anticiparse al desastre y otorgar una herramienta de rápida ejecución en el territorio para mitigar los daños climáticos”.
