El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires aprobó un Programa Especial para regularizar obras hidráulicas no autorizadas -conocidas popularmente como canales clandestinos- dentro de la Cuenca del Río Salado, según la Resolución N° 661/2026 publicada esta semana en el Boletín Oficial. La primera etapa alcanza a los Comités de Cuenca de las Subregiones A2, A3 y B3, y dentro de esta última quedan comprendidos varios municipios de la Séptima Sección electoral.
Dentro de la subregión B3 -la que corresponde al sistema Salado-Vallimanca-Las Flores- quedan incluidos gran parte de los municipios de la séptima sección como Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo.
El resto de los distritos que integra el programa en esta primera etapa (subregiones A2 y A3) corresponde mayormente a la Cuarta Sección: Junín, Lincoln, Bragado, 9 de Julio, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Tejedor, General Villegas, Florentino Ameghino, General Viamonte, Daireaux y Carlos Casares, algunos de los cuales integran más de una subregión a la vez.
La resolución explica que la región no cuenta con una red de drenaje natural totalmente desarrollada. Frente a esto, y ante sucesivas emergencias hídricas, se fue construyendo con el tiempo una red de drenaje artificial: las conducciones principales estuvieron a cargo del Estado provincial, pero las secundarias y terciarias -que complementan ese sistema- fueron ejecutadas por los municipios y también por productores rurales, muchas veces sin los permisos correspondientes exigidos por el Código de Aguas (Ley N° 12.257).
Esa situación generó, según el propio texto oficial, dificultades de gestión y mantenimiento, además de conflictos entre productores y localidades por el manejo de los excedentes hídricos.
El programa establece un procedimiento en tres fases:
- Fase I: el municipio presenta una nota ante el Comité de Cuenca correspondiente, que debe dar su no objeción a que la obra se incorpore al programa.
- Fase II: se presenta la documentación técnica ante la Autoridad del Agua, que evalúa y puede emitir un Certificado de Incorporación al Programa.
- Fase III: se establecen los requisitos documentales según si la obra se regulariza sin modificaciones o si requiere ajustes, con su correspondiente análisis y aprobación final.
Si existe una denuncia en trámite por una obra clandestina, el procedimiento de declaración de clandestinidad queda en suspenso mientras avanza el trámite de regularización.
Los municipios quedarán a cargo de la ejecución de las obras de adecuación y también de su operación y mantenimiento posterior, pudiendo conformar Consorcios Mixtos de Usuarios de Aguas Públicas junto a los beneficiarios directos de cada obra.
La necesidad de este esquema había sido planteada por los propios municipios en el marco de los Comités de Cuenca durante 2025. De hecho, en octubre de ese año, Carlos Casares, 9 de Julio, Bragado, Trenque Lauquen, Lincoln, Las Flores, Roque Pérez, Bolívar y 25 de Mayo ya habían firmado un convenio con la Autoridad del Agua para identificar y comprobar obras hidráulicas no autorizadas en la región.
El Ministerio adelantó que la intención es replicar este esquema en el resto de la Cuenca del Río Salado y en otras cuencas de la provincia. La resolución lleva la firma del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.
