La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley un proyecto del senador Sergio Vargas (Unión y Libertad), cofirmado por Silvana Ventura, que durante seis meses permite a los 135 municipios de la Provincia reorientar fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural hacia obras vinculadas a las inundaciones y a la infraestructura hídrica.
Los distritos podrán usar hasta el 100% de los fondos transferidos con destino al mantenimiento de la red vial rural en tareas de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento hídrico.
Para la Séptima Sección, el cambio tiene un peso concreto. Según datos oficiales del Ministerio de Economía bonaerense, correspondientes al ítem Fondo Compensador del Inmobiliario Rural entre enero y agosto de 2026, Olavarría recibió $528.294.481; 25 de Mayo, $478.485.820; Azul, $470.808.388; Tapalqué, $380.400.464; Bolívar, $268.754.140; Saladillo, $237.111.146; General Alvear, $197.876.563, y Roque Pérez, $196.597.725. En conjunto, los ocho municipios recibieron $2.758.328.727 en ocho meses, un promedio de unos $344,8 millones por mes.
Si los municipios continuaran recibiendo cada mes lo mismo que el promedio de esos ocho meses, entre noviembre y abril, que son los seis meses de vigencia de la ley, el total para la sección rondaría los $2.068,7 millones. Olavarría encabezaría el ranking con unos $396,2 millones, a razón de unos $66 millones mensuales. Le seguirían 25 de Mayo, con unos $358,9 millones, y Azul, con unos $353,1 millones. Tapalqué, un distrito de menor población, recibiría unos $285,3 millones. Más abajo aparecen Bolívar, con unos $201,6 millones; Saladillo, con unos $177,8 millones; General Alvear, con unos $148,4 millones, y Roque Pérez, con unos $147,4 millones.
Se trata de un cálculo lineal y orientativo, no de un dato oficial. Supone que los ingresos se mantendrán en el promedio de enero a agosto, algo que puede cambiar por el calendario de cobro del impuesto y por la inflación, que tendería a elevar los montos nominales. Además, la ley no obliga a los intendentes a reorientar esos recursos: cada gobierno local decidirá cuánto destina a obras hídricas y cuánto conserva para los caminos rurales.
Vargas explicó que la reasignación es una potestad y no una obligación. “Si no flexibilizamos con urgencia el uso de estos recursos, nuestra red vial rural desaparecerá bajo el agua”, advirtió el senador, y agregó: “Lo que buscamos es desatarle las manos a los intendentes”. La medida responde a la llegada prevista del fenómeno de El Niño, asociado a lluvias intensas e inundaciones, y el legislador citó como antecedente el temporal de 2026 en Bahía Blanca, que mostró la necesidad de una respuesta más rápida.
El diputado peronista Alejandro Acerbo, exintendente de Daireaux, respaldó el proyecto y sostuvo que el Gobierno nacional no transfirió a los municipios los fondos del Fondo Hídrico. “No deberíamos tratar este proyecto hoy, pero lo tenemos que votar porque tenemos a El Niño por delante”, afirmó durante el debate.
Del total que recauda la Provincia por el Impuesto Inmobiliario Rural, según informó la Cámara, el 65% corresponde al Ejecutivo bonaerense, el 12% al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, el 3% a un fondo de programas sociales y saneamiento ambiental, y el 20% a los municipios por la administración del tributo.
