La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, y ahora debe ser tratado por el Senado, donde se espera un tratamiento rápido.
La votación se dio en una sesión maratónica en la que el oficialismo también consiguió la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero no logró avanzar con su proyecto de endeudamiento familiar, que volvió a comisión por 121 votos contra 117 y 5 abstenciones, sin fecha de regreso.
La iniciativa toma como base la Ley 27.793, pero le quita su carácter de emergencia y temporalidad para convertirla en una norma permanente de orden público. Según el dictamen de mayoría:
- Mantiene la pensión por discapacidad, equivalente al 70% de la jubilación mínima, para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) que tengan empleo formal o sean monotributistas, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- Conserva un único nomenclador de prestaciones, con actualización automática atada al índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación.
- Garantiza cobertura básica de salud a través del Plan Federal Incluir Salud para quienes cobran la pensión.
- Establece que el presupuesto del Ministerio de Salud no podrá caer en términos reales por debajo del nivel del año anterior.
- Crea auditorías periódicas que cruzarán datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. A quienes sean señalados en esos controles se les darán 160 días para responder antes de la suspensión del beneficio.
- Incorpora, a pedido de los bloques aliados, una cláusula transitoria que obliga a fijar un cronograma de pago de las deudas con prestadores, con 30 días para que el Ejecutivo reglamente.
Fuerza Patria había buscado prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, pero no tenía los votos. Finalmente acompañó el proyecto tras negociar cambios al dictamen original. La diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que ese texto “estaba incompleto” y que los cambios incluyen garantías de salud, protección de asignaciones familiares y compatibilidad con el trabajo formal, aunque advirtió que los derechos “requieren presupuesto”. Germán Martínez señaló que el 75% del contenido de la ley de emergencia está incluido en la nueva norma.
Jorge Taiana atribuyó el resultado a la movilización del colectivo de la discapacidad y reclamó: “Milei, cumplí la Ley”. Juan Marino planteó que hay 324.303 personas esperando una respuesta a sus solicitudes de pensión y que el Presupuesto prevé un recorte del 13,9% al programa Incluir Salud. Cecilia Moreau vinculó la norma con la emergencia pediátrica y pidió restituir el programa Remediar.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, habló de “una respuesta clara y permanente” y acusó a legisladores cordobeses cercanos a Martín Llaryora de votar en contra para hacer “política barata”. Patricia Vásquez celebró: “No más emergencias, ahora tenemos certezas”, y Gerardo Huesen pidió: “Basta de usar la discapacidad como herramienta de manipulación política”.
Pablo Juliano, de Provincias Unidas, afirmó que se aprobó “una mejor ley” y que la oposición logró que el oficialismo dejara de lado recortes previstos en el Presupuesto 2027. Su compañera Alejandra Torres, de Córdoba, criticó que no se extendiera la emergencia y que el texto no haya sido consultado con el sector. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, lo definió como una conquista de las familias y organizaciones, y anunció que exigirán su cumplimiento. La UCR, por medio de Karina Banfi, destacó que la media sanción fue “con mayoría absoluta”.
Votaron en contra el Frente de Izquierda y Defendamos Córdoba. Natalia de la Sota pidió que el proyecto volviera a comisión para que participaran las organizaciones del sector.
