La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este martes el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, la norma con la que el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales (26.737). La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, deja nuevamente sin efecto el principal obstáculo judicial que frenaba la liberación del mercado de tierras rurales para compradores extranjeros.
El máximo tribunal centró su análisis en un aspecto estrictamente procesal: consideró que el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la entidad que había iniciado la demanda original, carecía de legitimación activa para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un «caso» o «controversia» judicial concreta según los requisitos constitucionales exigidos para la intervención de la Justicia federal.
Con ese argumento, la Corte declaró procedente el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda del CECIM. El propio tribunal aclaró de manera expresa que su fallo se limitó exclusivamente a resolver la falta de legitimación de la parte actora, y que no se pronunció sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023. Es decir, la Corte no declaró que la extranjerización de tierras sea constitucional, pero al eliminar el fallo que la frenaba, en los hechos deja repuesta la derogación de la ley mientras no exista otra decisión judicial o legislativa que modifique ese escenario.
La Ley de Tierras Rurales había sido sancionada en diciembre de 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y establecía límites a la compra de campos por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, con el objetivo declarado de proteger la soberanía territorial y el acceso a recursos estratégicos como el agua dulce. El Gobierno de Milei incluyó su derogación dentro del DNU 70/2023, apenas asumida la gestión, con el asesoramiento del entonces funcionario Federico Sturzenegger.
El fallo llega apenas semanas después de que el propio oficialismo debiera retirar, el 5 de agosto, el capítulo sobre extranjerización de tierras de un proyecto de ley de propiedad privada, al no reunir los votos necesarios en el Senado tras una fuerte movilización popular en su contra. Ese fracaso legislativo contrasta ahora con el desenlace judicial: lo que no logró aprobar el Congreso terminó habilitado, en los hechos, por una decisión de la Corte Suprema.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en agosto de 2026 había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, equivalentes a casi el 5% del territorio del país, una superficie comparable a la provincia de Santa Fe. Durante la gestión de Milei, el Ministerio de Justicia ya había entregado 111 certificados para que extranjeros compraran tierras rurales: 35 en 2024, 29 en 2025 y 47 en lo que va de 2026.
