El presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, y el diputado provincial Pablo Morillo presentaron proyectos de ley para obligar a los municipios de la provincia a brindar una contraprestación concreta por cada tasa que cobran. La iniciativa se suma a la ofensiva que el espacio libertario había impulsado en marzo, cuando presentó proyectos en la mayoría de los concejos deliberantes bonaerenses para reducir la carga tributaria municipal sobre los vecinos.
La propuesta forma parte de una serie de acciones coordinadas por el presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, orientadas “a frenar los abusos fiscales en los 135 municipios bonaerenses”, explicaron. Según se informó, durante el primer semestre del año se presentaron 123 pedidos de baja de tasas municipales, de los cuales 114 se encuentran en tratamiento en comisiones de los concejos deliberantes, y en casi el 10% de los distritos ya se logró eliminar tributos considerados abusivos.
“Seguimos avanzando en quitarle el peso del Estado a los bonaerenses”, sostuvo Pareja, y agregó que en la mayoría de los municipios las tasas no tienen contraprestación y terminan siendo “cajas encubiertas de la casta política”.
Por su parte, Curestis explicó que el objetivo es terminar con tasas de difícil justificación y exigir que los municipios expliquen “qué servicios cobran y efectivamente prestan, en pos de una mayor transparencia y racionalidad tributaria”. En la misma línea, Morillo remarcó que buscan establecer que toda tasa debe fundamentarse en un servicio municipal real, directo, individualizado y proporcional a su costo, motivo por el cual impulsaron una reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades para terminar con el cobro discrecional de tasas por servicios no prestados.
Qué establece el proyecto
El texto, ingresado en la Cámara de Diputados bonaerense propone modificar varios artículos del Decreto-Ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades):
El artículo 29 exigirá que toda ordenanza que cree o modifique una tasa municipal incorpore una memoria técnica que individualice el servicio a prestar y acredite una relación razonable y proporcional entre su costo real y el monto exigido. Además, establece que la falta de prestación efectiva —total o parcial— del servicio determinará la inexigibilidad de la tasa mientras esa situación se mantenga, y que esta facultad será exclusiva del Concejo Deliberante, sin posibilidad de delegación en el Departamento Ejecutivo.
El artículo 226 incorpora una cláusula general que impedirá cobrar una tasa cuando su hecho imponible o base de cálculo coincida con la de un tributo ya contemplado en una ley nacional o provincial, evitando así casos de doble imposición.
Se crea el artículo 226 bis, que faculta al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia a controlar el cumplimiento de estos requisitos y a determinar sanciones para los funcionarios municipales que autoricen el cobro de tasas que no las cumplan.
El artículo 227 redefine el concepto de «impuestos» municipales, estableciendo que las tasas deberán vincularse a una prestación, actividad o servicio concreto y efectivo, guardando relación directa con el sujeto obligado y respetando criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
El nuevo artículo 227 bis obliga a los municipios a publicar, de manera pública, gratuita y actualizada en sus sitios web oficiales, el servicio que fundamenta cada tasa, el área responsable de prestarlo, los sujetos obligados al pago —y eventuales exenciones— y los criterios utilizados para fijar su monto, además de la memoria técnica correspondiente.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que el proyecto busca adecuar el régimen de tasas municipales a los principios de legalidad, razonabilidad, transparencia y prestación efectiva de un servicio, consolidados en distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales provinciales.
El texto apunta puntualmente contra las llamadas “tasas por servicios indirectos o potenciales”, que —según los firmantes— permiten financiar estructuras administrativas generales sin una contraprestación directa, y menciona como ejemplo el cobro de la “tasa vial” o recargos sobre combustibles líquidos a automovilistas y turistas que ni siquiera ingresan al casco urbano de los distritos que se los cobran.
Los autores remarcan que la reforma “no busca desfinanciar a las comunas”, sino garantizar legalidad, transparencia y respeto a la propiedad privada, y concluyen convocando a sus pares a acompañar el proyecto para avanzar hacia “mayor transparencia, racionalidad tributaria, seguridad jurídica y protección al contribuyente”.
El proyecto lleva además las firmas de los diputados Juan E. Osaba, Luis Ontiveros, Vera Chávez Ramón, Maximiliano Iván Bondarenko y Analía Corvino.
