La comuna que lidera Nelson Sombra envió una nota formal al intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, en respuesta a una comunicación previa del 20 de agosto en la que el jefe comunal tandilense había formulado “acusaciones de extrema gravedad” contra el municipio azuleño.
En el escrito, fechado el 21 de agosto, la administración de Azul calificó los señalamientos de Tandil como basados en “afirmaciones dogmáticas, calificaciones apresuradas y conclusiones que, al presente, carecen del debido sustento fáctico y jurídico”.
El municipio de la séptima sección precisó que se trata de “una familia oriunda del partido Bolívar que, durante más de cuatro años, recibió asistencia por parte de profesionales de distintas áreas” de Azul, y que su situación también es abordada desde el Consejo Local de Hábitat, en el marco del programa “Emergencia Habitacional por Contaminación” (creado por la ordenanza N° 5.204), del cual la familia es beneficiaria.
La nota sostiene que “el pedido de su traslado no se originó ni tuvo fundamento en necesidades habitacionales ni de carencia de asistencia”, sino que “se motivaba en contar con oportunidades laborales y alojamiento” para el grupo familiar. Según Azul, “este municipio dispuso el traslado en un vehículo oficial del grupo familiar compuesto por diez integrantes (cuatro adultos y seis menores”», y agregó que “no se comprende la referencia a once personas” mencionada por Tandil.
El texto es contundente al calificar como “manifiestamente improcedente toda construcción discursiva orientada a presentar a este Municipio como autor de una supuesta maniobra de ‘expulsión’ o ‘abandono’ territorial”. Y añade que pretender convertir el episodio en una “deportación municipal” constituye «una tergiversación injuriosa e inadmisible de los hechos».
Azul rechazó de manera expresa el pedido de garantizar el “retorno seguro” de la familia, argumentando que “ninguna autoridad municipal posee facultades para disponer compulsivamente el traslado de personas adultas ni de grupos familiares de una ciudad a otra por la sola voluntad de un intendente”. Sostuvo además que “tanto los adultos como los niños tienen la libertad y el derecho de circular dentro del territorio nacional, de acceder a la vivienda, trabajar y en definitiva elegir su lugar de residencia”.
El municipio también rechazó hacerse cargo de costos: “no existe fundamento legal para transformar una decisión adoptada por su administración… en una acreencia automáticamente exigible a la Municipalidad de Azul”.
Pese al tono del reclamo, Azul remarcó su “compromiso genuino con el bienestar de la familia” y propuso “la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre ambos Departamentos Ejecutivos —con la participación de las áreas sociales de ambos municipios—“, cuyo primer paso sea “escuchar de manera directa y personal a los integrantes adultos de la familia sobre su situación y su voluntad actual”.
La respuesta completa:
