El Departamento Ejecutivo Municipal que lidera el intendente Ramón José Capra vetó la Ordenanza N° 2688/2026, sancionada por el Concejo Deliberante días pasados, mediante la cual se buscaba poner en funcionamiento y reglamentar la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
El proyecto había sido presentado por el bloque de concejales de Nuevos Aires que preside Martiniano Valerga y trabajada en comisión por los distintos bloques, incluido el oficialismo. Al momento de la votación, la iniciativa fue votada por unanimidad.
La decisión tomada por el Gobierno alvearense quedó plasmada en el Decreto N° 360/2026, donde el intendente argumenta que la promulgación de la norma resulta “legalmente imposible” debido a que algunos de sus artículos contradicen disposiciones establecidas por la Ley Provincial N° 13.133 de Defensa del Consumidor.
Según se detalla en los fundamentos del veto, la principal objeción se centra en el artículo 8 de la ordenanza, referido al destino de los fondos provenientes de multas aplicadas por infracciones a la normativa de defensa del consumidor. El Ejecutivo sostiene que la ordenanza modifica el esquema de distribución previsto en el artículo 75 de la ley provincial, alterando porcentajes y destinos de los recursos recaudados.
En ese sentido, el decreto remarca que una ordenanza municipal no puede modificar ni dejar sin efecto una ley provincial, por lo que la norma aprobada por el Concejo vulneraría el principio de jerarquía normativa.
Asimismo, desde el gobierno municipal señalaron que el funcionamiento de la OMIC ya se encuentra garantizado mediante la Ordenanza N° 2590/2024 y el Decreto Reglamentario N° 179/2026, firmado en marzo de este año. Según explican, dicha reglamentación fue elaborada en conjunto con la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, contando con la correspondiente validación provincial.
El Ejecutivo también cuestionó la necesidad de avanzar con una nueva reglamentación. En los considerandos del decreto se afirma que la ordenanza vetada “duplica trabajos ya realizados” y genera una eventual “confusión normativa” al coexistir con disposiciones vigentes y ajustadas a derecho.
Además, el texto sostiene que la iniciativa impulsada por el Concejo no implica una ampliación de derechos para consumidores y usuarios, sino que introduce modificaciones en procedimientos ya establecidos, sin fundamentos suficientes que justifiquen la derogación de la normativa actualmente vigente.
