La diputada saladillense, Alejandra Lordén, y sus compañeros de bancada Priscila Minnard y Valentín Miranda, ingresaron en la Cámara baja bonaerense un proyecto ley para crear la Comisión Bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a raíz del mal funcionamiento que se agrava año tras año de la obra social.
El proyecto aseguró que el objetivo principal de la comisión será relevar el estado actual del IOMA, analizar el uso de los fondos públicos, auditar la deuda con círculos médicos, clínicas, farmacias y laboratorios, controlar los procesos de licitación y compra de medicamentos de alta complejidad.
También supervisar los convenios vigentes con prestadores en los 135 municipios y obligar al presidente del instituto a presentarse trimestralmente ante la comisión. Además, la comisión podrá solicitar al Poder Ejecutivo la remoción de autoridades o promover acciones judiciales por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los fundamentos del proyecto describen la situación del IOMA como “un deterioro sostenido en su capacidad prestacional, financiera y administrativa”, más allá de una crisis coyuntural. “Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono. Es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas», sostuvieron los diputados radicales.
Para los diputados, el instituto, que brinda cobertura a más de dos millones de bonaerenses, entre los que se encuentran empleados públicos, docentes, policías y jubilados, opera bajo un esquema de “afiliados cautivos”, ya que, por ley, estos trabajadores no pueden derivar sus aportes a otra entidad.
Esa condición, según el proyecto, genera una “responsabilidad agravada” para la provincia, que actúa simultáneamente como empleador y administrador del derecho a la salud. “No podemos ser espectadores del desamparo de dos millones de ciudadanos que cumplen mensualmente son sus aportes sin recibir la cobertura debida. La fiscalización parlamentaria es el primer paso necesario para devolverle a los afiliados la obra social que merecen”, indican en el documento presentado.
