El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, volvió a referirse a la dificultad que tiene la comuna con la finalización de la Planta de Residuos Cloacales del distrito. La misma se inició en el año 2022 bajo la presidencia de Alberto Fernández y luego de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Cuando arribó el gobierno de Javier Milei a la Casa Rosada se decidió dar de baja con todas las obras que estaban vigentes más allá que si los fondos provenían de entidades internacionales, esta decisión alcanzó a la Planta de Saladillo.
Luego de varios pedidos de Salomón, la Nación firmó la rescisión con la empresa constructora sin embargo para completar el proceso Recursos Hídricos de Nación le envió un convenio al jefe comunal saladillense.
En el mismo, según contó el alcalde, “nos encontramos con cláusulas que no son las mejores y que complican mucho al municipio”. En el primer ítem del articulado, Nación responsabilizaba al municipio de Saladillo a terminar la obra, fondos que claramente el alcalde dijo que no podría afrontar ya que según estimaciones de especialistas en la materia serían entre 5000 y 6000 millones de pesos lo que deberían invertirse cuando el presupuesto para todo el municipio es de 29 mil millones.
Ante esta situación, nuevamente se volvió a complicar la situación y el intendente saladillense si bien reconoció que desde el Gobierno provincial está la intención de finalizar la obra, no tiene la seguridad para llevar adelante la firma.
Luego de estos dichos del alcalde, desde el bloque de concejales de Fuerza Patria de Saladillo, se manifestaron y apuntaron contra el Gobierno nacional. “Mantenemos nuestra firme defensa de los intereses de Saladillo frente a la paralización de la obra pública nacional. Es una maniobra que pretende obligar a nuestro municipio a asumir una carga financiera impagable, cuando el financiamiento del BID y la ejecución de la obra son responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional”, indicaron.
“Recientemente supimos por declaraciones del propio Intendente que el gobierno de Javier Milei, en su afán por desmantelar el Estado, ha condicionado la continuidad de la obra a una exigencia inaceptable: El Municipio debe firmar un nuevo convenio para finalizar la planta con recursos propios”, afirmaron.
Y cerraron: “Como agravante, el convenio estipula que, de no finalizarse la obra, el Municipio deberá devolver el crédito directamente al BID”.
