En las últimas horas, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) dio a conocer un informe donde detalló las hectáreas que viven por estas horas problemas con el agua. En la séptima sección, entre inundadas y anegadas, hay 418.437 hectáreas.
Las imágenes satelitales fueron tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre en la Cuenca del Río Salado y se registraron en total 2 millones de hectáreas entre inundadas y anegadas y casi 3.800.000 hectáreas afectadas.
Según el gráfico, cinco municipios de la séptima sección se encuentran complicados. Bolívar cuenta con 110.266 hectáreas inundadas y 58.958 anegadas; 25 de Mayo con 60.320 inundadas y 46.518 anegadas; Saladillo con 24.489 inundadas y 29.818 anegadas; General Alvear con 15.429 inundadas y 31.505 anegadas, y Roque Pérez con 25.275 inundadas y 15.859 anegadas.
“El compromiso innegociable para terminar el Plan del Salado y proteger al interior productivo. Desde hace nueve meses, los productores y habitantes de una amplia zona de la provincia de Buenos Aires —sobre todo en su región central— vienen enfrentando una inundación como no se veía desde hace muchos años. Este evento climático, que por ahora no muestra señales de retroceder, expuso con crudeza reclamos que venimos planteando desde hace tiempo ante autoridades municipales, provinciales y nacionales”, indicaron desde la entidad.
Con respecto a las superficies afectadas, el organismo se refiere a “a áreas que, aun sin agua visible, no poseen condiciones mínimas para avanzar con las labores de siembra: falta de piso, caminos intransitables y ausencia total de accesibilidad para maquinaria. En los hechos, son hectáreas que quedaron fuera de producción”.
“Estimamos que más de 1.500.000 hectáreas agrícolas tienen un riesgo muy alto de quedar improductivas este año. Un cálculo simple dimensiona el problema: si esa superficie se sembrara bajo una relación 60% soja / 40% maíz, están en juego alrededor de 2.000 millones de dólares que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026”, explicaron.
Para la entidad, las responsabilidades son compartidas entre municipios, provincia y nación. “Los intendentes Son responsables del mantenimiento de la red vial rural. Para ello cobran la tasa vial —crecientemente onerosa—, las guías de traslado y además reciben el 12% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural (Ley 13.010). Sin embargo, una parte significativa de esos fondos se desvía irregularmente hacia otros gastos, y la falta de mantenimiento estructural queda expuesta cada vez que los caminos colapsan. Los caminos rurales son la base logística del sistema productivo: el 90% de los alimentos inicia su recorrido en un camino de tierra”, señalaron. Y agregaron: “la tasa vial debe destinarse íntegramente al mantenimiento de los caminos. Si un municipio no puede hacerlo, debe transferir la tarea —y los recursos— a los productores organizados en consorcios”.
Luego, aseguraron que “la provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires tiene un rol central y es, por jurisdicción, la responsable principal de ejecutar las obras del Plan Maestro del Río Salado. Hace diez años deberían haber estado finalizadas, pero hoy el avance apenas supera la mitad. No se trata de un detalle técnico ni de un simple retraso administrativo: es una obligación directa de la Provincia llevar adelante estas obras hidráulicas estructurales, que son esenciales para mitigar inundaciones, acelerar los escurrimientos y reducir el tiempo de anegamiento”.
Y cerraron: “con críticas al Gobierno nacional al considerar que la “cuenca del Salado es estratégica: allí se produce el 25% de los granos del país y se concentra el 28% del stock bovino nacional. Solo en esta región, el Estado recauda más de 1.000 millones de dólares anuales en retenciones, desde hace más de veinte años. A esto se suma un dato que hace aún más injustificable la falta de inversión: la Nación cobra un impuesto específico sobre los combustibles (Nafta y Gas), cuyo producido integra el Fondo Hídrico de Infraestructura, creado justamente para financiar obras de control de inundaciones, drenajes y mejoras hidráulicas en todo el país. Es decir, ya existe un fondo nacional, ya existe un impuesto que lo alimenta y ya existe un destino legal establecido por ley: obras como las del Plan del Salado. Sin embargo, el Presupuesto Nacional 2026 no asigna ni un peso para las obras del Salado. Una omisión incomprensible y de un impacto económico gigantesco”.
