Ambas leyes aprobadas y luego vetadas por el presidente Javier Milei obtuvieron este miércoles un fuerte respaldo de la Cámara baja nacional. De esta manera, los legisladores lograron voltearon la decisión de la Casa Rosada.
La Ley de Emergencia Pediátrica, que busca garantizar el financiamiento para el Hospital Garrahan, que había obtenido los dos tercios la primera vez que se votó el pasado 6 de agosto, fue ratificada este miércoles con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Ahora, tendrá que volver a votarse en el Senado, donde el oficialismo tiene casi nulas chances de frenar un nuevo rechazo a un veto del presidente Javier Milei.
La ley se originó a partir del reclamo salarial de los trabajadores que se inició con fuerza en 2024. Justamente hace un año atrás, en el prestigioso nosocomio de referencia nacional e internacional se realizaba el primer paro desde el comienzo del gobierno libertario. En lo que va del conflicto, los representantes del Garrahan afirman que ya se fueron más de 200 profesionales.
La norma aprobada por amplísima mayoría declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, «debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud».
Luego fue el turno del Financiamiento Universitario que también fue vetado por el Presidente de la Nación. En este caso, la norma fue aprobada por 174 votos afirmativos, 67 votos negativos y una abstención. A diferencia de lo que ocurrió en agosto pasado cuando le faltó tan solo un voto para los dos tercios.
Cabe recordar que es la segunda vez que el Congreso de la Nación trata el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, ya que en el 2024 el presidente Javier Milei también había vetado la norma y, en esa oportunidad, el oficialismo había logrado blindarlo.
La norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025. La medida, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
También, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.
Ahora, ambas normas pasarán al Senado de la Nación donde la Cámara alta deberá ratificar la decisión de Diputados, aunque casi ya dan por descartado que eso ocurrirá porque los números son más propicios para la oposición.
